El 27 de julio del año pasado a las 4, el Senado recibió procedente del Poder Ejecutivo el proyecto de “Ley de Racionalización de Gastos Tributarios e Incentivos”, que respondía al compromiso del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de aumentar los ingresos tributarios en un 0.5% del producto interno bruto con dos acciones principales: a)mejorando la administración tributaria, y b) con la racionalización de las exenciones (léase reducción o eliminación de los incentivos o exoneraciones de impuestos creados por diferentes leyes). Las leyes de Competitividad e Innovación Industrial (392-07) de diciembre del 2007; Rectificación Tributaria (495-06) de diciembre del 2006 y otras leyes.

También, en su artículo 7 convertía al Ministerio de Hacienda en el rector de los incentivos turísticos, por encima del Consejo de Fomento Turístico (Confotur), al condicionar la aprobación de los incentivos a proyectos turísticos a la no objeción de este ministerio.

Las organizaciones empresariales afectadas, principalmente la Asociación de Industrias  y Asonahores rechazaron enérgicamente estas modificaciones y el Gobierno accedió a retirar el proyecto. Pero el compromiso con el FMI se mantuvo.

En la carta enviada a esta entidad en octubre del 2010 para “actualizar y complementar” el acuerdo Stand By de octubre del 2009, el Banco Central y Hacienda reconocen que no se pudo cumplir el aumento de ingresos prometido, porque fue imposible reducir el subsidio al sector eléctrico y se presentaron “dificultades en la ejecución” del programa de mejora de la administración tributaria y la racionalización de las exoneraciones de impuestos.

En la carta remitida al FMI en octubre del año pasado el Gobierno reiteró su compromiso de lograr un “ajuste fiscal” (aumento de los ingresos) de un 1.5% del PIB basándose en “mejoras de la administración tributaria, en la racionalización de las exenciones” y la reducción de los subsidios al sector eléctrico.

La racionalización (o complicación de las exoneraciones) al turismo ayudarán a aumentar la presión fiscal a un 15% del PIB para el año 2013, y para lograrlo, el Gobierno se comprometió con el FMI a emitir “un decreto para centralizar la facultad de conceder exenciones fiscales en el Ministerio de Hacienda”.

Esta semana, con el decreto 162-11, el Gobierno cumple el compromiso con el FMI de “centralizar” en Hacienda la “facultad de conceder” exoneraciones de impuestos que acuerda la ley de incentivos al turismo. En la práctica se modifica la ley de turismo y Confotur queda como adorno, porque su facultad de decidir ahora queda en Hacienda. Pronto constataremos el impacto de esta medida en la capacidad del país para atraer nuevas inversiones turísticas.  
Manuel Quiterio Cedeño es periodista