Los empresarios del transporte quieren mantener privilegios de los que no gozan ningún otro sector. Amenazando con la violencia pretenden que el Estado les garantice mercados exclusivos y cree monopolios en su favor. Se disfrazan de “sindicatos” para darle un toque popular a sus prácticas violentas de corte mafioso, dirigidas a impedir la libre competencia y asegurarse mercados cautivos.

Pero la Constitución establece en su artículo 50, numeral uno, que “no se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado”, y precisa que “el Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio”.

El artículo constitucional citado es el relativo a la libertad de empresa y comienza señalando: “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, de comercio e industria. Toda persona tiene derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”.

Estas reflexiones constitucionales vienen al caso porque en estos días se ha publicitado la intención de un grupo de empresarios del transporte de La Romana y Bayahíbe de imponer unilateralmente sus tarifas y condiciones a las empresas hoteleras de esa zona.

Estos empresarios formaron una asociación, decidieron fuertes incrementos en el precio de sus servicios y quisieron negociar una tarifa colectiva con la asociación de hoteles. Después de varias semanas de diálogo éstos decidieron que no aceptaban una negociación colectiva y que cada hotel decidiera individualmente como transportar a sus empleados.

Uno de estos hoteles, cuya factura de transporte para los empleados superaba el millón de pesos mensuales, decidió que no  podía pagar un incremento del 68% que exigía el transportista y decidió volver a ocuparse de esta tarea por sus propios medios como lo hizo durante años cuando se estableció en Bayahíbe.

El personal del transportista sustituido atacó a pedradas y trató de impedir la circulación del autobús del hotel y fue necesaria la intervención de la Policía. Como esto no funcionó, ahora la asociación de empresarios del transporte amenaza con una huelga y alega que han invertido sumas millonarias en equipos y no permitirán ser desplazados.

El hotel en cuestión transportaba a sus empleados en guaguas propias, pero cuando una empresa de transporte le ofreció ventajas y la contrataron, ahora el transportista en vez competir como lo hizo inicialmente, amenaza con la violencia y pretenden que el Gobierno obligue al hotel a contratarlo y pagar el 68% de aumento.
Manuel Quiterio Cedeño  es periodista
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