La decisión de un juez de Puerto Plata de enjuiciar a Gabriel Mora (Canoa), un célebre regidor del Ayuntamiento de Sosúa, por delito ambiental, debe motivar a Jaime David Fernández, titular de Medio Ambiente y  Recursos Naturales (Semarena) a repetir la visita que hizo hace un año a Cabarete para ver en el terreno la problemática de la Laguna de Cabarete, un área protegida.

El procurador de medioambiente instrumentó el expediente por los informes, señalando a Canoa como responsable de rellenar la laguna, cosa que no ocurría por primera vez, porque en los últimos años los límites de esta área protegida han sido alterados con esta práctica, y son los documentos oficiales los que señalan a este regidor como uno de los responsables.

¿Si es así, por qué no actuaron antes? Los administradores del Monumento Natural y los dirigentes de Semarena en Puerto Plata tienen mucho que explicar, pero si Jaime David no quiere hurgar en los capítulos anteriores, sí debería preguntarle a Carlos Heriberto Finke por qué el acuerdo mediante el cual, pocos días antes de la audiencia en el Juzgado de Instrucción, concertó la retirada del expediente contra Canoa a cambio de éste comprometerse a “cumplir todas y cada una de las normas y leyes relativas a la preservación del medio ambiente”, como si antes de firmar ese pacto, no estuviera obligado como los demás residentes en el país, a respetar nuestras leyes.

Con el pacto, el director provincial de Semarena, además se convirtió en juez al decidir que si Canoa reconocía los hechos que se le imputan y prometía en lo adelante respetar la ley, pagaba su deuda con la sociedad sembrando mil árboles y destruyendo cinco de las casas construidas dentro del área protegida.

Jaime David debe volver no sólo para pedir explicaciones por este pacto. En su visita de enero del 2009 el Secretario ordenó construir un canal para crear un límite físico notable y detener así la destrucción de la laguna, pero la Federación de Desarrollo Sostenible de Cabarete denunció que los funcionarios de Semarena pusieron la Iglesia en manos de Lutero al dejar en manos de Canoa parte del trazado del canal, estando ya acusado de dañar la laguna.

El Juez, al abrir un juicio contra Canoa, demuestra que las comunidades, unidas, sí pueden batallar contra los caciques políticos para detener sus abusos, cuando entienden que existe corrupción y violan la ley. El Caribe hizo su trabajo en este caso. 
Manuel Quiterio Cedeño es periodista
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