Miércoles, 23 de mayo de 2012 | 5:22 pm

El Estado se debe meter

Jueves 20 de Octubre de 2011 Leila Mejía
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El feminicidio se ha convertido en la principal causa de muerte de las mujeres, la mayoría jóvenes de menos de 35 años de edad. En nuestro país, cada año aumenta a un ritmo alarmante la cifra de mujeres asesinadas por parejas o ex parejas, siendo el lugar de toda la región caribeña con mayor cantidad de feminicidios, de acuerdo al III Informe Internacional “Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja”, elaborado por el Centro Reina Sofía, en Madrid, España.

El pasado 2010 fue el año más sangriento para las mujeres dominicanas, ya que según los datos oficiales ocurrieron 210 asesinatos, cifra que, lamentablemente, podría ser superada al finalizar el 2011.

El impacto de esto es serio y muy amplio, toda vez que no sólo acaba con la vida de las mujeres, sino que destruye familias y deja a muchos niños huérfanos, situación favorable para que se perpetúe la pobreza y es caldo de cultivo para que prosperen inclinaciones a prácticas delincuenciales.

Por ello se necesita más atención del Gobierno a este tema y disposición de tomar medidas urgentes, como la definición de una política concreta y un protocolo de actuación, la creación de más centros y albergues para mujeres maltratadas y el desarrollo de programas para tratar de regenerar y concienciar a agresores y potenciales agresores. En la actualidad ni siquiera hay un centro por cada provincia, sino que existen en total 14 para atender todos los casos de violencia a la mujer y no trabajan los fines de semana ni en horario nocturno, a pesar de que la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurren precisamente en la madrugada.

Pero aún más importante es la imperiosa necesidad de educar mejor a una población machista en la que existe una permisividad social al maltrato a la mujer, reflejada incluso en el trato discriminatorio que reciben muchas mujeres cuando van a presentar sus denuncias y, en los pocos casos que llegan a los tribunales, las muy leves condenas que imponen algunos jueces.

La evidencia principal de que si el Estado jugase un rol más activo para combatir esta situación, muchas de las muertes serían evitables, es que en la gran mayoría de los casos de mujeres asesinadas se ha confirmado que las mismas habían dado a las autoridades una voz de alerta que fue ignorada, mediante denuncias previas o la solicitud de algún mecanismo de protección.

Y casi siempre la justificación de esta pasmosa pasividad estatal y social es que “en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter”, frase absurda por la cual hay tantas mujeres golpeadas, maltratadas, asesinadas y por ende tantas familias destruidas.
La autora es abogada y comunicadora
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