Me parece extraña y poco racional la forma en que se ha dispuesto la distribución del presupuesto nacional para el año 2012. Se ha previsto el incremento del total, debido principalmente, al aumento considerable de la asignación para ciertas instituciones que no parecieran necesitar más recursos que los que normalmente manejan. Mientras que, se propone la reducción del presupuesto a ministerios de vital importancia para el país, sin razones de peso para justificarlo.

Por ejemplo, la Presidencia de la República, que no se ha caracterizado por carencias ni por manejarse con austeridad, tendrá un aumento de 8,191.3 millones de pesos en relación al año 2011, para un presupuesto total de 45,012 millones, casi lo mismo previsto para una entidad de tanta trascendencia como el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, para el Ministerio de Turismo, órgano rector de una pieza fundamental de la economía dominicana, se establece inexplicablemente una reducción presupuestaria a pesar de que una de las mayores quejas de los representantes del sector es justamente la falta de recursos que tiene en la actualidad la institución para hacer una adecuada promoción del país en el extranjero.

El proyecto presenta aumentos para oficinas públicas cuyas funciones, una sociedad con tantas necesidades básicas, no revisten real importancia. Tal es el caso del Ministerio de la Mujer, que mientras muchos cuestionan la mera existencia de la institución, el Gobierno le aumenta para el año próximo 44 millones de pesos, para un total de 426 millones, paradójicamente 52 millones más que lo asignado al Ministerio de Administración Pública encargado de, entre otras cosas, la capacitación y evaluación de los funcionarios.

Lo anterior, sumado con las asignaciones de otros ministerios como el de Cultura, contrasta con la irrisoria cifra prevista para órganos esenciales como el Tribunal Constitucional, con apenas 150 millones de pesos (menos de la mitad de ministerios innecesarios como el de la Juventud). Extrañamente, mientras a la Junta Central Electoral (JCE) le han aumentado considerablemente el presupuesto, a pesar de que ha reducido sus funciones (ya no se ocupa de lo contencioso), al Tribunal Electoral solo le asignaron una partida total de 100 millones de pesos, y justamente en un año de elecciones presidenciales.

Hasta que los funcionarios encargados de crear el proyecto de presupuesto nacional no se sienten a analizar, con una visión gerencial, la más adecuada jerarquía de prioridades atendiendo a la realidad de la República Dominicana, tendremos siempre un esquema desorganizado, desequilibrado y por ende incapaz de dar respuesta real a los tantos problemas de este país.
La autora es abogada y comunicadora
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