No sorprenden las revelaciones de Wikileaks respecto a la afirmación estadounidense de que en el Gobierno de Leonel Fernández la corrupción se ha salido de control. Esto es cónsono con informes internacionales como el Índice sobre Libertad Económica del 2011 de la Fundación Heritage que señala que el entorno económico de la República Dominicana es afectado por la corrupción, la falta de transparencia y las solicitudes de soborno por parte de funcionarios públicos.

También, hay que recordar hallazgos del Banco Mundial según los cuales, de 163 países República Dominicana ocupa el número 99 en percepción de corrupción, mientras en 2006 se determinó que sólo el 32.5% de los países del mundo obtuvieron peor calificación que la de los dominicanos. Y por supuesto hay que agregar el reciente informe del Foro Económico Mundial que da terribles calificaciones para el país en materia de corrupción, colocándolo en el tema de favoritismo, por ejemplo, en la posición 141 de 142 países.

Esto afecta el bolsillo de los dominicanos y su calidad de vida, toda vez que el Gobierno, al perder dinero como consecuencia de la corrupción, debe compensar con reformas fiscales, aumento de precios de los combustibles, entre otras medidas que sacrifican a la población para proveer de lujos a muchos funcionarios. Por ejemplo, según la Federación de Asociaciones Industriales (FAI), tan sólo un ahorro del 1% en los procesos de contrataciones públicas, la mayoría de los cuales se hacen sin cumplir la ley, se traduciría en RD$3,400 millones, lo que da una idea del tamaño de la corrupción en el país. Y sin dudas, el organismo encargado de luchar contra la corrupción, la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), es inoperante y fallido.

Tan sólo la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) ha depositado decenas de denuncias bien fundamentadas y varios informes sobre serias irregularidades en oficinas públicas que han sido remitidos por la Cámara de Cuentas al director de la DPCA, pero el mismo no ha puesto en movimiento la acción pública en función de ninguno de ellos.

El país cuenta con un marco legal bastante completo para perseguir y sancionar la corrupción y garantizar la transparencia en las prácticas públicas. Desde un capítulo extenso del Código Penal sobre delitos contra la cosa pública pasando por leyes especiales como la Ley de Compras y Contrataciones, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley sobre Función Pública, y entre otras, la ley que crea la DPCA con funciones de Ministerio Público especializado.

Lo que falta es voluntad política para hacer cumplir estas leyes y eliminar la permisividad que existe desde la cabeza del Gobierno respecto a los “deslices” de los funcionarios.
La autora es abogada y comunicadora