Respecto al controversial tema del control de armas se han producido numerosos debates en todo el mundo que se traducen en dos posiciones fundamentales: una que se inclina a la liberalización de los controles bajo el argumento de que ello frenaría el contrabando y el tráfico ilícito de armas y además ayudaría a la población a defenderse; la otra favorece el control de la importación, comercialización, porte y tenencia de armas de fuego como una medida para limitar la cantidad de armas existentes en un lugar y con ello reducir el número de muertes que son consecuencia de su uso.

Las circunstancias particulares de cada país han llevado a sus gobiernos a elegir una u otra tendencia.

Por ello, si bien la primera ha funcionado con éxito en Suiza, el control estricto ha tenido grandes resultados en Japón.

En nuestro país, la Oxfam realizó hace unos años un profundo estudio sobre el tema y el mismo arrojó como conclusión que los datos empíricos dominicanos deben incitar a las autoridades a priorizar un mayor control.

Por ejemplo, en el año 2005, el 58% de los homicidios acontecidos en República Dominicana fueron cometidos con armas de fuego. 

Para el año 2009, el porcentaje aumentó a un 65%, subió un punto más en el 2010, ascendiendo a 66%, y en lo que va del actual 2011, el promedio es de un 68%. De los homicidios en cuestión, sólo poco menos de la mitad corresponde a los típicos hechos delincuenciales (asaltos a mano armada, sicariato, entre otros), puesto que la mayoría corresponde a crímenes producto de la convivencia social, tales como las riñas personales, los feminicidios y la violencia intrafamiliar, entre otros.

De las licencias concedidas para porte y tenencia de armas de fuego  en el país, aproximadamente un  94% corresponde a usuarios privados y sólo el restante 6% corresponde a usuarios públicos, es decir, policías, militares y agentes del orden en general.

La Ley 36 de armas de fuego es débil, no clasifica con eficacia los tipos de licencia, no diferencia entre porte y tenencia y entre otras cosas carece de rigurosidad, tanto en las sanciones por su violación como en los análisis de salud mental y condiciones mínimas requeridas para la concesión de licencias.

Por todo lo anterior, nuestro país, lejos de una atroz medida como la que favorece nuestro ministro de Interior y Policía, quien dijo ser partidario de eliminar las trabas a la importación de armas, requiere de una modificación de la normativa sobre el tema y al menos una investigación con profundidad sobre el mismo, para no caer en la chabacanería de tomar posiciones ligeras sobre algo tan complejo.
Leila Mejía es abogada y comunicadora