Resulta interesante la propuesta de la diputada Esther Minyetti traducida en un proyecto de ley para crear “zonas de tolerancia de la prostitución” en nuestro país y, aunque es algo que existe en otros lugares (como la conocida “zona rosa” de Amsterdam), sin dudas es muy novedoso para la República Dominicana. Obviamente, por tratarse de algo controversial, ya que pretende regular un servicio no fiscalizado, socialmente condenado y aún mantenido en el oscurantismo.

Aunque las revisiones en la Cámara de Diputados no han comenzado, los debates de grupos y hacedores de opinión pública no se han hecho esperar. Es lamentable, sin embargo, que la mayoría de las discusiones sobre el tema han sido fundamentadas en premisas falsas e información errónea respecto a la situación legal de las trabajadoras sexuales.

La mayoría de los argumentos esbozados revelan que hay una falsa creencia generalizada de que la prostitución está castigada como delito, que la misma es ilegal y que el proyecto en cuestión pretende cambiar la situación.  Lo cierto es que la prostitución en República Dominicana no es ilegal, por lo que cualquiera puede ejercerla sin recibir sanciones por ello.

Lo que sí está penalizado es el proxenetismo, por su directa relación con el serio problema de la trata de blancas. Por tal motivo, el proyecto no busca despenalizar el oficio de las trabajadoras sexuales porque el mismo no está penalizado en nuestra legislación, sino legalizar para organizar algo que tampoco está regulado y que por ello se presta para muchos perjuicios, como la propagación de enfermedades de transmisión sexual.

El proyecto quizás puede ser mejorado en cuanto a forma y fondo, comenzando por variar su condición de escueto, puesto que si el Estado dominicano decide asumir seriamente el reto de regular este negocio, debe ser con una normativa legal amplia y detallada que no deje cabos sueltos. Pero en términos generales, la idea del mismo podría traer como resultado de su ejecución importantes beneficios. Por ejemplo, el trabajo sexual se ofrece en la actualidad en muchos lugares, incluyendo frente a hospitales y monumentos históricos, lo que daña la imagen del país frente a los turistas.  También, como no existen controles fiscales por no considerarse un trabajo formal, quienes lo desempeñan no pueden aprovechar privilegios como la seguridad social.

Y por supuesto, al no existir una exigencia de controles y chequeos médicos, el trabajo sexual es un vector indiscutible de enfermedades graves como el Sida. Por consiguiente, aunque este proyecto posiblemente toca fibras sensibles en un país tercermundista, con muchos conservadores y algunos hipócritas, las ventajas que pueden resultar de él hacen que valga la pena al menos considerarlo y estudiarlo a fondo.
Leila Mejía es abogada y comunicadora