En el año 2007 fue promulgada la Ley 392-07 de Innovación y Competitividad Industrial (llamada coloquialmente la Ley de Proindustria), pieza fundamental del Plan Nacional de Competitividad Sistémica, encabezado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), y creada con el propósito esencial de eliminar innecesarias trabas y fortalecer la capacidad competitiva de las empresas dominicanas.

La ley fue sin dudas muy bien recibida por el empresariado, ya que cuenta con varios mecanismos de interés para aumentar la productividad local, tales como la creación de Proindustria para sustituir la disfuncional y arcaica Corporación de Fomento Industrial, la creación de incentivos a la innovación industrial, pero aún mucho más importante, la eliminación de ciertas distorsiones fiscales que constituían importantes obstáculos a la competitividad.

A mediados del pasado año 2010 hubo ciertos enfrentamientos entre sectores industriales del país e instituciones del Estado que, en un afán fiscalista de algunos funcionarios, pretendían promover la modificación de la ley en cuestión para eliminar la parte de la misma que contempla el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (Itebis) sólo ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al momento de la venta del bien terminado, en lugar del pago por adelantado en la Dirección General de Aduanas (DGA) por la importación de maquinarias y materias primas que hasta el 2007 imperaba en el esquema impositivo legal (y que aún hoy en la práctica se aplica en muchos casos).

Luego de intensos debates se pudo frenar el intento de modificar la ley, pero condicionando a un grupo de empresas a un absurdo que los abogados no logramos entender: la suspensión temporal del cumplimiento de la misma durante un plazo determinado.

Lamentablemente, a mucho tiempo del vencimiento de dicho plazo, ha manifestado Ligia Bonetti de Valiente, presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), no sólo el continuo incumplimiento de la ley, sino las nefastas intenciones gubernamentales de mantenerla en un antijurídico estado de “suspensión” durante un año más.

Esta situación de hecho constituye una involución en materia fiscal, afecta grandemente la competitividad de la industria local y perjudica la liquidez del sector industrial dominicano, al que en la actualidad se le deben por concepto de reembolsos no realizados de estos impuestos pagos por adelantados de alrededor de mil millones de pesos. Además, contradice de manera absoluta los postulados del Plan Nacional de Competitividad Sistémica que con tanta vehemencia una vez el presidente Leonel Fernández defendía.

El Gobierno, que debería estimular y fomentar la productividad y la capacidad exportadora de los diversos sectores productivos nacionales en un mundo donde la apertura comercial avanza a intensa velocidad, está haciendo nueva vez todo lo contrario.
Leila Mejía es abogada y comunicadora