A pesar de la importancia que tienen las Mipymes en la economía dominicana y de la existencia de una ley para incentivarlas, no hay mucho interés gubernamental en el tema.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) conforman un conjunto de vital trascendencia para el sistema productivo nacional, aportando más del 60% de los empleos en el país y con un impacto de más del 20% en el producto interno bruto (PIB).

Paradójicamente, siendo un sector tan importante, es posiblemente uno de los menos relevantes para las políticas del Gobierno actual y uno de los que más sufre las consecuencias de las reformas fiscales, de los precios de los combustibles y la energía eléctrica, de los altos costos de productos e insumos de producción y, entre otras cosas, de las deficiencias de financiamientos con tasas de interés prudentes y estables, lo que en la práctica se traduce en grandes dificultades para la ampliación de su base empresarial.

A pesar de que existe un marco legal vigente de incentivo a las Mipymes,  esto es, la Ley no. 488-08, la legislación no encuentra quién la cumpla y los reglamentos de la misma permanecen engavetados.

Las ventajas de la ley sólo se disfrutan en su texto, pero en cuanto a su aplicación, el mismo parece estarse convirtiendo en letra muerta, debido al incumplimiento reiterado y la desidia gubernamental con este tema tan sensible.

La ley establece, en sus artículos 25 y 26, porcentajes mínimos de entre un 15% y un 20% de compras gubernamentales de bienes y servicios que se deben hacer a dicho sector.  Sin embargo, además de que los porcentajes no han sido respetados por las mayoría de las instituciones, en la actualidad hay amenazas de irrespetarlos aún más en casos específicos.

Por ejemplo, el ministro de Salud Pública anunció un decreto presidencial solicitado por él para liberar de aranceles la importación de cloro como medida contra el cólera (medida mucho menos prioritaria que otras de las que él ni ha hablado, como la importación de vacunas), olvidando que en el país hay al menos cuatro empresas de fabricación local de cloro con capacidad de abastecer el mercado y a precios competitivos.

Por otro lado, el Ministerio de Educación está coqueteando con la idea de cambiar el pan y el bizcocho del desayuno escolar por corn flakes, lo que implicaría una sustitución de suplidores locales (de los que no se han tenido quejas a pesar de que les pagan poco y con atrasos) por suplidores extranjeros.

En la actualidad urge la implementación de medidas que incentiven a los sectores productivos nacionales para que los mismos puedan sostenerse.

Y si el próximo gobierno tiene la sabia visión de pretender basar el crecimiento económico de la República Dominicana en la producción más que en el servicio, las Mipymes deben ser una indiscutible prioridad.
Leila Mejía es abogada y comunicadora