Con la promulgación la semana pasada de la Ley Orgánica del Ministerio Público se crea la nueva Policía Técnica Judicial bajo la dirección de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de llevar a cabo la labor de investigación de los hechos punibles, dejando a la Policía Nacional fundamentalmente las funciones preventivas.

Esto ha sido apoyado por numerosos sectores de la población y grupos que entienden que en nuestro país se requiere un mayor rigor en las investigaciones y mayor agilidad para que las mismas se presenten adecuadamente y a tiempo para sustentar acusaciones.

Hoy, la Policía Nacional es quien detiene, investiga y a veces hasta “pierde” las pruebas, lo que refuerza las creencias de que se necesita un cuerpo investigativo distinto y más eficiente. Y muchos de los que seguimos las series televisivas de investigación policial tipo CSI o NCIS queremos imaginarnos algo parecido en nuestro país con un órgano especializado en este tipo de cosas como una Policía Técnica Judicial.

El problema es que, a diferencia de la fuente de inspiración de esas series que es el sistema norteamericano, aquí estamos muy lejos de contar con los recursos técnicos, humanos y monetarios que justifiquen la creación de un organismo nuevo en lugar del fortalecimiento de lo que hay.

Muy probablemente ocurra algo parecido a lo del Código Procesal Penal, que por un afán de hacer rápidamente las cosas, de apresurar una mal llamada implementación y de adoptar modelos sin adaptarlos a nuestra realidad, perdimos tiempo y dinero en la creación de algo que creímos que sería la panacea, pero que resultó otra entelequia inoperante y disfuncional.

Además, si bien en Estados Unidos y en muchos países de Europa, los cuerpos especializados en investigación similares a una Policía Técnica Judicial han funcionado muy bien, no ha sido el caso en países latinoamericanos con realidades un poco más parecidas a la nuestra. En Panamá y en México, por ejemplo, el narcotráfico y la corrupción permearon tanto su policía técnica, que se vieron obligados a eliminarla y retornar al modelo anterior que era malo, pero el nuevo resulto aún peor.

Ya que de todos modos fue creada en República Dominicana la Policía Técnica Judicial al vapor, lo ideal es pedir al Gobierno que haga un verdadero proceso de implementación, que dedique tiempo y recursos para capacitar bien a los investigadores que la conformarán, que destine fondos para que la misma pueda contar con herramientas modernas y efectivas y pagar salarios justos a su personal, pero sobre todo, que la existencia de este nuevo órgano no implique en manera alguna el abandono de nuestra Policía Nacional que tanto necesita saneamiento y depuración.
Leila Mejía es  es abogada y comunicadora