El 3 de abril se realizará en la plaza España el concierto de “Voces Amarillas” por la educación, en el que participarán decenas de artistas y presentadores del país, como parte de las numerosas acciones que se están llevando a cabo para reforzar el reclamo popular de que se cumpla la ley que establece una asignación del 4% del PIB para una educación digna y de calidad.

Para sorpresa de muchos, especialmente los políticos, esta campaña social iniciada el año pasado, lejos de ser un tema de moda pasajero, ha perdurado y se ha fortalecido en el tiempo, demostrando que en nuestro país existe cada vez una mayor conciencia y preocupación sobre los males que afectan a la colectividad y sobre las inacciones y omisiones gubernamentales para resolverlos.

Todo un pueblo, sin recursos para propaganda, sin patrocinadores ni intereses ocultos, sin beneficios particulares ni alianzas políticas coyunturales, se ha unido para lograr una campaña mediática más sólida e impactante que cualquiera de las que han tenido lugar en la República Dominicana, haciendo valer el hecho de que el país es de los ciudadanos y los funcionarios de cualquier gobierno son simples mandatarios transitorios llamados a hacer lo que sus representados exigen.

No sé  si a fin de cuentas se logre el resultado deseado, pues algunas batallas se han perdido ya ante el Congreso Nacional y ante tribunales dominicanos que se han dejado presionar por los brazos del poder para actuar de espaldas al derecho.

Tampoco estoy segura de que para mejorar la educación dominicana se necesite únicamente la asignación del 4% del PIB, puesto que en la práctica ello se traduciría en un 4%, no para la educación, sino para un Ministerio de Educación del que no se tienen muy altas expectativas sobre su manejo de la cosa pública y los recursos del Estado.

Sin embargo, estoy convencida de que para vivir en una verdadera democracia se necesita el incondicional respeto al Estado de derecho, para lo que resulta imprescindible el apego a las leyes, sean éstas buenas o malas, porque siempre serán justas, ya que si son malas, lo son para todos y no sólo para algunos particulares.

En el caso del 4%, no se trata solamente de un tema relativo al importantísimo derecho a la educación, sino que además se trata de exigir el cumplimiento de disposiciones que de manera expresa establece una ley, lo que garantizaría romper con la nefasta concepción del poder de que las normas son flexibles y acomodaticias según las conveniencias.

Un reconocimiento, por ende, merecen los que llevan la voz cantante en esta demanda popular.  Con la lucha por el 4%, siempre pa’lante, nunca pa’tras.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora