Ayer se cumplió un año desde la promulgación de la nueva Constitución de la República Dominicana. Lamentablemente, a pesar de que constituye una pieza con más luces que sombras, ya se han producido numerosas violaciones a varios de sus preceptos.

La Constitución requiere de un marco jurídico complementario, fundamentalmente ciertas leyes orgánicas, a fin de que algunas de las instituciones que regula puedan ser funcionales, en casos, y puedan existir, en otros.

Y para esto fijó plazos prudentes que fueron, en principio, ampliamente debatidos y considerados por los asambleístas como suficientes para cumplir los propósitos necesarios. Las únicas leyes orgánicas aprobadas son las del Consejo del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral y Consejo del Ministerio Público.

Sin embargo, como a la fecha no se ha hecho la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (en violación de los plazos constitucionales), el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral, aún teniendo sus leyes, en la práctica no pueden funcionar hasta tanto no los integre un Consejo de la Magistratura que técnicamente ni siquiera existe.

Esto además afectaría el Tribunal Constitucional que el Consejo también tiene entre sus obligaciones integrar, en caso de que finalmente decidan los legisladores aprobar una ya extemporánea Ley Orgánica para dicho Tribunal.

Para este caso en específico, las propuestas provenientes de la misma cabeza del Poder Judicial plantean obviar planteamientos constitucionales, lo que condujo al Senado al borreguismo de aprobar, para congraciarse con la actual Suprema Corte de Justicia, un proyecto de ley que es claramente inconstitucional.

El Consejo también debe reunirse para sustituir los jueces de la Suprema que pasen la edad de retiro, es decir, los 75 años, pero además para cumplir con una mandato constitucional del que aún no se habla pero seguramente constituirá, por los intereses que envuelve, un punto de nuevos debates: las tres cuartas partes de los jueces de dicho tribunal deben ser de carrera, y como será un nuevo Consejo electo en el marco de esta Constitución, debe seguir, cuando se reúna, las reglas de juego establecidas en ella.

Es la primera vez desde Trujillo que ocurre esto en nuestro país y, por los actores y argumentos de los actuales debates, es fácil llegar a la conclusión de que se están anteponiendo conveniencias por encima del interés nacional y del apego a la Carta Magna que constituye la cúspide normativa de nuestro Estado.
Leila Mejía es abogada y comunicadora