Indiscutiblemente, lo que conocemos como sicariato, es decir, asesinato por encargo, es uno de los hechos delincuenciales de mayor preocupación para los dominicanos en los momentos actuales debido al auge que, lamentablemente, ha tenido en nuestro país en los últimos años.

Por tal motivo, resulta comprensible y muy lógico que de primera intención un grupo de juristas como los que conforman el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) quieran proponer un anteproyecto de ley con miras a tipificar de manera clara y específica el sicariato como una clase delictual.

Y es que en la actualidad, aunque en los medios de comunicación se hable con bastante frecuencia de autoría intelectual, dicha figura no existe en nuestro código penal, por lo que los jueces se ven obligados a otorgarle al que planea y/o al que encarga un asesinato la categoría de complicidad.

Para estos fines entonces, de acuerdo a la legislación vigente en República Dominicana, el que contrata a un grupo de sicarios para asesinar a varias personas, por ejemplo, no es más que un simple cómplice del autor o de los autores principales que son los que ejecutan materialmente la acción de asesinar.

Sin embargo, así como esa sustancial falla, son muchas de las que adolece nuestro código penal y que impiden una mayor eficiencia en la disuasión y castigo de los delitos, tales como preveer penas muy suaves para ciertos casos, el no contemplar el cúmulo de penas, la no existencia expresa de figuras como el nepotismo o el tráfico de influencias, la errónea interpretación de la figura del terrorismo, entre otras cosas de vital importancia.

Y si se siguen proponiendo leyes penales para casos puntuales, los legisladores restarán importancia a la muy necesaria y esperada aprobación de un código penal nuevo (proyecto que está durmiendo desde hace más de diez años el sueño de los justos en el Congreso Nacional) y tendremos, por consiguiente, una legislación penal dispersa, desorganizada y por tal motivo de difícil conocimiento y estudio para la clase jurídica en general, y especialmente los jueces, lo que en la práctica crea otro tipo de complicaciones y trabas.

Por lo anterior, aunque en efecto resulte prudente y oportuna la propuesta del Colegio de Abogados para una potencial ley de sicariato, es necesario insistir con dicho organismo para que dediquen aún más esfuerzos en procurar la aprobación de un código nuevo que sea más completo y moderno que lo que tenemos al día de hoy, para que así, más allá de limitarnos a algunas clases de delitos, se logre un mejor sistema de prevención y sanción de todos los tipos delictuales en nuestro país. 
Leila Mejía es abogada y comunicadora