Hay jueces que dedican su vida a los tribunales y pasan por la justicia sin que el país se entere de que pasaron. Transcurren sus años haciendo siempre lo mismo y quizás en algún momento les toque alguna promoción, pero culminan su tiempo útil sin haber tenido la oportunidad de trascender.

Hay otros que, sin embargo, las circunstancias les ofrecen la posibilidad de destacarse y hacer un cambio, ya que les llegan casos de vital importancia para el país en los que sus decisiones e interpretaciones podrían marcar una verdadera y positiva diferencia.

Ejemplos de esto hay muchos, tales como el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Sectorial de Áreas Protegidas o el recurso de inconstitucionalidad contra el préstamo de Sun Land.

Ambos casos les ofrecieron a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la oportunidad de brillar y de hacer valer los preceptos constitucionales aún por encima de intereses y presiones políticas y partidarias.

Un ejemplo más reciente fue el caso de las elecciones congresuales en Pedernales, que les ofreció la oportunidad única a los que en el momento eran jueces de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) de crear un precedente en términos de transparencia, seguridad y respeto a la Ley Electoral.

En todos estos ejemplos, sin embargo, primaron los intereses, las conveniencias particulares, los futuros nombramientos o compromisos con la propia permanencia de los jueces en cuestión, y faltaron los pantalones para asumir la defensa del Estado de Derecho y del interés nacional.

Hace apenas dos días, Sarah Henríquez, la magistrada que encabeza el Tribunal Superior Administrativo, tuvo una oportunidad histórica que probablemente nunca se le vuelva a presentar por el resto de su vida profesional.

Sarah Henríquez pudo haberse convertido en la persona que obligaría al Gobierno dominicano a invertir en educación lo que la ley le exige, Sarah Henríquez pudo haberse convertido en la heroína de los nuevos tiempos que, en cumplimiento evidente de los preceptos legales, rescataría la educación a favor de los dominicanos.

Y muchos nos engañamos, creyendo que por ser la magistrada una persona preparada y asumiendo que ella tenía la sensibilidad particular y las agallas que caracterizan a muchas mujeres, no desperdiciaría el fugaz e irrepetible momento que tuvo de hacer lo correcto. Sin embargo, con artilugios antijurídicos que mueven a risa y lástima de cualquier abogado conocedor del derecho, decidió el camino fácil y escurridizo de fallar en contra de la educación de nuestro pueblo.

Y lo más probable es que la premien con algún ascenso, pero lo que hoy irrevocablemente piensa la sociedad dominicana sobre ella, no hay cargo que lo repare.   
Leila Mejía  es abogada y comunicadora