Ayer, la Presidencia de la República publicó un espacio pagado con el título “Una demostración de avance institucional y gestión de transparencia en RD”.

Se trata de un documento que pretende resaltar las presuntas iniciativas que ha tenido el presidente Fernández para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia, afirmando nueva vez que este desorden que vemos a diario se trata de “voces encaminadas a crear la percepción” de corrupción y falta de transparencia “con poca seriedad y faltando a la verdad”.

La publicación contiene una lista de “instrumentos” creados para prevenir actos dolosos de los funcionarios. Sin embargo, paradójicamente, leer esta enumeración pone aún más en evidencia la negligencia culposa de las autoridades gubernamentales y la falta de voluntad política para combatir la corrupción, pues identifica todos los mecanismos con que cuenta el Gobierno para llevar exitosamente esta lucha y que, sin embargo, hace uso equivocado o no hace uso alguno de la mayoría de ellos.

No revela el documento los nombres de las personas que desde la Presidencia prepararon esta publicación, pero indiscutiblemente hicieron una importante labor social, ya que, con ella, le recuerdan al pueblo todas las leyes que se están violando, las normas que no se cumplen y las instituciones que no hacen su trabajo de lucha contra la corrupción.

Por ejemplo, el documento destaca la Ley no. 449-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Esto es sumamente importante ya que la mayor parte de las denuncias depositadas ante la fallida Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) se refieren a la concesión de obras grado a grado.

Cabe recordar además que, no por capricho sino producto de una investigación, el Foro Económico Mundial colocó a la República Dominicana en el último lugar en lo que se refiere a “favoritismos” desde el Gobierno.

También se hace énfasis en el decreto que crea la Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción.  Hay que recordar que esta institución, lejos de mostrar siquiera un resultado positivo que justifique su existencia, ha sido objeto de puntuales cuestionamientos como consecuencia de auditorías de la Cámara de Cuentas que han revelado irregularidades en sus manejos internos.

Respecto a la creación de la DPCA sobran las palabras y sólo cabe decir que se trata de una institución que en casi cuatro años no ha querido hacer absolutamente nada importante en contra de la corrupción, y así sucesivamente, al leer todo lo demás se hace necesario dar gracias a los redactores de este comunicado, pues han dejado aún más claro a la población dominicana el listado de normas que a diario este Gobierno irrespeta.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora