La Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), mejor conocida como el antiguo Depreco, es la institución gubernamental encargada de investigar, prevenir y luchar contra los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en la República Dominicana.

Convenientemente, y para hacer dicha lucha posible, desde el origen legal de la institución se contempló a su director con el rango y las atribuciones de un miembro del Ministerio Público para que así, con carácter de fiscal, no tenga traba jurídica alguna para poner en movimiento la acción pública en los casos de corrupción administrativa.

A pesar de que la DPCA cuenta con toda la competencia y todas las herramientas necesarias para combatir de manera eficaz la corrupción en nuestro país, su lamentable deficiencia hace cuestionable la mera existencia del organismo ya que, en todo en este tiempo del gobierno del presidente Leonel Fernández, con tantas y tantas denuncias bien sustentadas en contra de actuaciones de actuales funcionarios, no ha podido la DPCA mostrar siquiera un sólo resultado importante.

Peor aún, los escasos intentos de infundadas persecuciones políticas que en ocasiones han querido presentar para justificar sus salarios, lo único que logran es fortalecer aún más la percepción generalizada de que la supuesta lucha contra la corrupción no es otra cosa que una burla a los dominicanos.

Por tales motivos, en términos de corrupción administrativa, la República Dominicana está cada vez peor.  Indicadores internacionales como las cifras arrojadas recientemente por el Foro Económico Mundial revelan que nuestro país es uno de los más corruptos del mundo, ganando incluso el primer lugar entre los peores en algunas de las clases de corrupción como lo que ellos llaman “favoritismo”, refiriéndose a lo que se conoce popularmente como “grado a grado”.

A pesar de esos y otros alarmantes datos, no hay nada que haya hecho la DPCA para revertir esta situación.  Y es que, aunque numerosas investigaciones periodísticas muy serias le muestren en los medios de comunicación a los ciudadanos más pruebas que las necesarias en un tribunal para condenar a ciertos funcionarios por distintas categorías de corrupción, para perseguir sanciones en contra de funcionarios del mismo Gobierno del que se es parte se requiere unos niveles de honorabilidad, coraje y valentía que hasta ahora no han sido constatados.

Sin embargo, cuando se les presenta lo que ellos entienden es una oportunidad para brillar haciendo ruidos injustificados sobre personas vinculadas a la oposición, no dudan en tomarla aunque ello signifique hacer un tremendo ridículo, porque, desde luego, hay que congraciarse con “El Jefe” a ver si los deja en el cargo a pesar de que en tantos años han tenido sombras y nada de luces.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora