Existe un afán fiscalista de algunos funcionarios del Gobierno para modificar la Ley 392-07 de Innovación y Competitividad Industrial, lo que afectaría en gran magnitud la competitividad de la industria local.

Esta ley, que apenas tiene 32 meses de vigencia, constituye parte esencial del Plan Nacional de Competitividad Sistémica, encabezado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), y se creó con la finalidad de fortalecer la capacidad competitiva de las empresas dominicanas, siendo fruto del consenso entre los diversos sectores.

La ley cuenta con varios elementos y mecanismos de interés para aumentar la productividad local, incluyendo la creación de Proindustria para sustituir la obsoleta Corporación de Fomento Industrial, la creación de incentivos a la innovación y la eliminación de ciertas distorsiones fiscales que constituían importantes obstáculos a la competitividad. Sin embargo, esta pieza legislativa que resulta favorable para los sectores productivos y que aún es prácticamente nueva, pretende sea modificada por intenciones de una parte del Gobierno en dos de sus más importantes disposiciones.

La modificación pretende eliminar la situación actual del pago del Impuesto a las Transferencias de bienes Industrializados (ITBIS) sólo ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al momento de la venta del bien terminado, y además eliminar la facilidad vigente de exoneración del pago de varios impuestos a quienes bajo autorización promuevan y desarrollen un parque industrial. Los cambios propuestos sin duda alguna constituyen una lamentable involución en materia fiscal y contradice de manera absoluta los postulados del Plan de Competitividad que con tanta vehemencia una vez el presidente Leonel Fernández defendía.

La ley actual no elimina el pago del ITBIS sino que lo pospone, pero el proyecto de modificación busca que el importador pague el ITBIS dos veces, inicialmente a la Dirección General de Aduanas (DGA) en la importación de las materias primas y luego a la DGII por la venta del producto terminado. Esto forzaría a las industrias a incurrir en altos costos con antelación y por tanto, lógicamente, reduce considerablemente la competitividad de las empresas dominicanas, cuyos costos de producción aumentarían producto de esta medida.

Por tales motivos, la intención constituye un inaceptable retroceso y un daño a una industria local que hoy lucha contra tantos embates para tratar de ser competitiva en un mundo donde la apertura comercial avanza a intensa velocidad. El país lo que debe es estimular y fomentar la productividad y la capacidad exportadora de los diversos sectores productivos nacionales y el proyecto que pretende modificar la ley de competitividad industrial lograría el efecto exactamente contrario. Le toca, por ende, a nuestros legisladores comprender cuán absurdos son los planteamientos de modificación y echar la propuesta a la basura.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora