El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, ofreció hace unos días unas declaraciones en las que asegura y garantiza el buen trabajo del ministerio público en la instrumentación del expediente de Figueroa Agosto, arrojando tácitamente culpas futuras a los jueces cuando afirmó que si es por lo que hicieron los fiscales el caso no tiene manera de caerse.

Paradójicamente, esto lo dice Jiménez Peña el mismo día que también admite una falla garrafal de la fiscalía del Distrito Nacional en el manejo y cuidado de las pruebas en el caso en cuestión.  Se trata de la misteriosa “fuga” de un video contentivo de imágenes sexuales de Figueroa Agosto y algunas de las mujeres involucradas en el expediente, video que ha llegado a las calles ya y ha sido vendido al público a cincuenta pesos.

Además de las implicaciones morales y éticas que pueda tener esta imperdonable filtración, tiene un componente legal muy serio: la ruptura de la cadena de custodia del procedimiento penal por parte del ministerio público.

La cadena de custodia inicia con la cuidadosa recolección de la prueba, su embalaje o envasado y su posterior etiquetado.

Esta parte del trabajo lo hace el Departamento de la Policía Científica de la Policía Nacional.  Sin embargo, todo esto es posteriormente certificado por el fiscal y a partir de allí es la fiscalía la responsable de preservar la prueba, por lo que cabe asegurar que es la principal culpable de la circulación del citado video.

A pesar de esto, el Procurador como cabeza del ministerio público, en lugar de abrir una investigación seria basada en determinar las evidentes e incuestionables faltas de sus fiscales, se atreva incluso al absurdo de felicitar al fiscal del Distrito Nacional por su participación en el caso y se limita únicamente a perseguir a los llamados “piratas” que venden el video en las calles, los cuales obviamente nada tienen que ver con la vía por la cual esto fue puesto a disposición del público. El resultado es que ya hay varios vendedores detenidos, pero ni un solo fiscal está siendo interrogado.

Lo interesante de todo esto es que, aún si asumimos la ingenua posición de pensar que no fue intencional, el error del ministerio público ha resultado muy conveniente para el Gobierno.

Esto así porque el caso Paya sigue estancado, el caso Atiemar es una burla al país, el caso Jordy Veras luce que nunca se solucionará, las investigaciones sobre cómo Figueroa Agosto obtuvo tantos permisos y carnets oficiales jamás iniciaron, la gasolina y la luz subirán de precio, los impuestos también, pero el pueblo está entretenido con la vida sexual de Figueroa Agosto.
Leila Mejía es abogada y comunicadora