Es sorprendente y sumamente preocupante la cantidad de presuntos hechos delictuales y especialmente de corrupción en los que se ven involucrados, con inusitada frecuencia, servidores públicos de distintas áreas del Gobierno.

Si tomamos, por ejemplo, únicamente la prensa de ayer, encontramos tantos casos en un solo día que podríamos fácilmente concluir que en República Dominicana, más que un Estado fallido lo que hay es un gobierno fallido y compuesto por sepulcros blanqueados.

Citando algunos de los acontecimientos reseñados ayer por los periódicos dominicanos, cabe recordar el escándalo de que cuatro empleados de la Dirección General de Aduanas en Santiago fueron apresados y sometidos a una investigación por parte del Ministerio Público, incluyendo al colector de dicha dependencia en el Aeropuerto Cibao, con relación a un fraude de más de 100 millones de pesos en perjuicio de la institución.

Lo paradójico es que tres de los cuatro empleados detenidos son hijos de conocidos funcionarios y/o dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Otro caso es el envío a prisión de cinco miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), incluidos un mayor de la Policía y un capitán de la Fuerza Aérea, acusados de un tumbe de 11 paquetes de cocaína, ocurrido en Boca Chica. Por otro lado, ante constantes cuestionamientos a muchos fiscales, como los planteados ayer por un grupo de abogados sobre los fiscales de Azua, por ejemplo, contrasta la información dada por el director nacional de la Escuela del Ministerio Público, Ramón Emilio Núñez, del sometimiento de 24 fiscales por ante el Tribunal Disciplinario de esa instancia por incurrir en indelicadezas en el ejercicio de sus funciones.

De esa cantidad, Núñez dijo que 18 fiscales fueron suspendidos y destituidos de forma definitiva por la comprobación de faltas en el ejercicio de sus funciones.

También ayer, miembros de seguridad adscritos a la Junta Central Electoral (JCE), apresaron a un teniente de la Policía con 70 formularios, para fines de actas de nacimiento, que presuntamente los habría robado del tribunal de comicios y que podrían ser vendidos a delincuentes.

Relatan que el oficial ocultó los documentos en las medias y en su ropa interior, luego de haberlos robado, en momentos en que una secretaria de la Cámara Administrativa de la JCE abandonara su puesto para ir al baño, pero fue captado por las cámaras.

Si partimos de que estos casos señalados fueron publicados todos en un solo día, es triste imaginar lo que sería el análisis de un año o de un cuatrienio y fácil entender por qué nuestro país es considerado uno de los más corruptos.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora