Desde hace unos meses se ha intensificado en nuestro país el viejo debate relativo a las sanciones penales previstas por el Código del Menor y actualmente aplicables a los menores de edad que cometen delitos.

Con muy buenas intenciones, algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan temas relativos a justicia han propuesto e introducido a través de un diputado un anteproyecto de ley que pretende justamente modificar el Código del Menor a fines de incrementar las penas previstas en él.

Muchas razones de peso dan lugar a tal corriente de pensamiento y la citada iniciativa, no sólo jurídicas sino también emocionales, toda vez que los dominicanos tenemos muy fresco en la memoria los horrendos crímenes contra taxistas cometidos por un grupo de menores delincuentes.  Una discusión sobre el tema es por ello prudente y la modificación de la pieza vigente posiblemente es muy necesaria.

Sin embargo, en términos de búsqueda de soluciones a la creciente delincuencia e inseguridad ciudadana que está arropando a la República Dominicana, la urgencia en estos momentos radica en otra cosa.

De nada sirve aumentar las penas, ni en una modificación al Código del Menor ni en una modificación al Código Penal (como la que también se ha propuesto desde hace años), si el proceso conducente a que las penas sean efectivamente aplicadas a los que delinquen tiene fallas abismales.

Ante un proceso deficiente y con muchos elementos tipo comodines que facilitan a los delincuentes no obtener sentencias condenatorias, ninguna pena, por grande que sea, tendrá suficiente carácter disuasivo ante un criminal que sabe que posiblemente nunca llegue a la fase en la que la misma pueda ser aplicada.

Por tal motivo, antes que hablar de intensificar penas, se hace urgente y prioritaria la voluntad política seria de modificar las partes del Código Procesal Penal que la práctica, los numerosos casos y el tiempo han demostrado que lejos de funcionar constituyen algunas de las causales por las cuales hay tantos delincuentes reincidentes en las calles dominicanas.

El proyecto de modificación del Código Procesal Penal hace tiempo que fue introducido en el Congreso Nacional, pero inexplicablemente los honorables legisladores prefieren perder tiempo en tonterías innecesarias o en instrumentos legislativos que permitan al Gobierno tener más dinero en lugar de ponerle real atención y empeño a un profundo reclamo y una necesidad imperiosa de la sociedad dominicana.

Los debates sobre las variaciones de ciertas penas, como las previstas en el Código del Menor por ejemplo, si bien tienen gran importancia y deben producirse en algún momento, por ahora, pueden esperar.  Porque si el procedimiento que debe desembocar en la aplicación de sanciones no funciona, evidentemente, la prioridad es otra.
Leila Mejía es abogada y comunicadora