El jefe de la Policía Nacional, Rafael Guzmán Fermín, ofreció ayer unas declaraciones relativas al auge de la delincuencia, reflejado en distintas maneras como, por ejemplo, el aumento de las muertes violentas, señalando que la razón fundamental de dicha situación es la convivencia social y lo que llamó “un problema de la sociedad dominicana”.

El periódico El Caribe realizó recientemente un reportaje fundamentado en una investigación que arrojó entre sus resultados el hecho alarmante de que 700 personas han perdido la vida en lo que va de este año, principalmente por armas de fuego.

Entre las cosas que dijo Guzmán Fermín, afirmó que la mayoría de los hechos de violencia se trata de crímenes ente personas productos de riñas, celos, suicidios y que les compete a la sociedad trabajar en ellos.

Si bien es indudable que la sociedad dominicana tiene numerosos problemas como el desempleo, la falta de acceso y de calidad en la educación, un altísimo costo de la vida, entre muchos otros factores que contribuyen a una sociedad violenta, el elemento más importante que olvidó el jefe de la Policía mencionar es la falta de seguridad ciudadana, cuyo trabajo no le compete a la sociedad sino al Gobierno y de manera muy especial a la institución que él encabeza.

Paradójicamente, situaciones recientes como el asesinato del joven Abraham Ramos a manos dos agentes policiales, los evidentes signos de torturas que presentan constantemente detenidos como los presuntos sicarios de Figueroa Agosto, el carnet de policía honorífico otorgado al narcotraficante español Arturo del Tiempo Marques, entre otros abusos de poder, irregularidades y arbitrariedades en que incurre constantemente la Policía Nacional, permiten afirmar que dicha institución, lejos de hacer su trabajo, ha sido probablemente la que más ha contribuido al insoportable estado de inseguridad y terror en que estamos viviendo y sobreviviendo los dominicanos.

Y para reparar estos males no basta con que el jefe policial exprese ligerezas como la que dijo en el caso del joven asesinado de que la Policía “se ha sonrojado mucho” o como dice tantas veces de que tal o cual ilegalidad cometida por un policía es “un hecho bochornoso”, sino que se necesita un saneamiento profundo de la institución, una política seria de respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso, una mayor capacitación de sus miembros y en general una serie de medidas que de manera imprescindible requieren de una dirección con voluntad para buscar soluciones.

Sin embargo, como el que entiende que está haciendo las cosas bien evidentemente asume que no tiene nada que arreglar, son pocas las expectativas que se pueden tener respecto a las probabilidades de que esta situación mejore.
Leila Mejía es abogada y comunicadora