Son muchas las personas afines al Presidente Fernández, como legisladores y funcionarios, que están expresando sus deseos de que el Presidente Fernández sea nueva vez el candidato presidencial del PLD en el 2012 y muchas las personas de la oposición, junto con algunos periodistas, los que rechazan firmemente esta idea.

El problema, sin embargo, es que todos, tanto los que están a favor como los que están en contra, han centrado el debate únicamente tomando en consideración el escenario de una potencial reforma constitucional.  Pero, lamentablemente, el Presidente tiene un mecanismo más fácil para legitimar su afán continuista.

Resulta que el Consejo Nacional de la Magistratura no sólo designará a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sino también a los del Tribunal Constitucional.  Este Consejo está compuesto por 8 personas: el Presidente de la República, el Presidente del Senado, un senador representante de la segunda mayoría partidaria en relación con el partido del Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, un diputado representante de la segunda mayoría partidaria en relación con el Presidente de la Cámara, el Procurador General de la República y 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) entre los que debe estar el Presidente del Tribunal.

Actualmente, Fernández controla a cuatro de los ocho miembros del Consejo. No obstante, como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no obtuvo ningún senador, el otro representante del Senado será el senador reformista Amable Aristy Castro, y por la naturaleza de las relaciones entre el Partido Reformista y el PLD, es lógico decir entonces que el Presidente contará con 5 miembros entre los 8 que conforman el Consejo.  Como las decisiones allí no se tomarán por unanimidad, sino por mayoría simple, el Presidente prácticamente designará a los jueces que quiera, tanto en la SCJ como en el Tribunal Constitucional.

Como el Tribunal Constitucional tiene funciones consultivas, una persona o un grupo pueden someterle recursos para que interprete artículos de leyes o incluso de la propia Constitución.  Por tanto, basta con que al Tribunal Constitucional que será designado por Leonel Fernández le sometan un recurso para que interprete el artículo de la Constitución para que esos jueces nombrados por él tomen una decisión para legitimar sus propósitos avasallantes de continuar en el poder.  Algo así como “lavar” su objetivo a través de la decisión de un órgano que erróneamente se presume independiente.

La posibilidad legal de la reelección es, por tanto, mucho más fácil de lo que creen.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora