No es secreta la acostumbrada práctica de nuestros funcionarios de hacer uso abusivo de los recursos del Estado a fines de lograr ventajas en contiendas electorales. Ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales con una magnitud sin precedentes y está ocurriendo en igual proporción ahora, de caras a las elecciones congresuales y municipales.

El proselitismo está a la orden del día. El uso de fondos públicos en campaña ya no se puede ni maquillar y además se hace un descarado uso de otras clases de recursos del Estado. Por ejemplo, vemos en distintas provincias del país cómo en las vallas de obras de instituciones estatales (construidas al vapor con obvios fines electorales) se aprovecha el espacio para hacer clara propaganda de candidatos. Por otro lado, varias veces se han quejado organizaciones de la sociedad civil por el uso del Palacio Nacional para reuniones de campaña y la mayoría de los dominicanos hemos sido testigos de la utilización de vehículos de las oficinas públicas para hacer marchas y caravanas.

Incluso los portales de las dependencias estatales han sido permeados por esta práctica. La página Web del Senado, por ejemplo, que debería publicar noticias e informaciones de la institución y de todos los senadores, parece la página personal del presidente del Senado Reinaldo Pared (claro, porque a menos de un mes de las elecciones la suya está “en construcción”), mostrándose allí en la portada únicamente informaciones relativas a él y a cosas que él hace.

Lo más reciente fue la entrega de electrodomésticos de la Lotería Nacional y el uso de los comedores económicos del Plan Social de la Presidencia en medio de las caravanas y recorridos que realizaron el pasado fin de semana candidatos del PLD acompañados del presidente Leonel Fernández. Esto fue resaltado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción en una rueda de prensa y en la misma la entidad pidió a la Junta Central Electoral (JCE) diseminar inspectores para constatar el uso de recursos del Estado, lo que viola el principio de igualdad de medios contemplado por la Ley Electoral.

Para sorpresa positiva de muchos, la JCE respondió a la solicitud y en el día de ayer el presidente de la Cámara Administrativa Roberto Rosario anunció un plan para enviar los solicitados inspectores a distintas oficinas públicas para investigar sobre la práctica denunciada. No sabemos qué pueda resultar de eso y esperamos que tengan la responsabilidad de reconocer lo que a diario todos vemos, pero la reacción es una buena noticia.  Bien por la JCE.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora