En el año 2005, el presidente Leonel Fernández, para acompañar un trillado e ineficaz discurso de combate a la corrupción, creó mediante el decreto No.101-05 un órgano igualmente ineficaz y sumamente innecesario, a manera de placebo para entretener a una población cansada de tanta impunidad: la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC).

De acuerdo a la descripción del organismo que se encuentra contemplada en su website, éste es el órgano rector que tiene bajo su responsabilidad el monitoreo del Plan Estratégico de Ética, Prevención y Sanción a la Corrupción y de sus respectivos planes operativos, a través de un sistema de coordinación, animación, seguimiento y evaluación de la implementación.

Sin embargo, desde el año 2005 hasta la fecha de hoy, no existe un solo dato, un solo logro, algún  resultado positivo o estadística alguna que pueda exhibir la CNECC y que sirva al menos para justificar su existencia.  De hecho, ni siquiera para entretener tienen algo en su website que muestre alguna labor cumplida y el enlace relativo a estadísticas, por supuesto, se encuentra “en construcción”. No obstante no servir para lo que fue creada, esta institución aparentemente inoperante e insignificante ha servido en estos días para despertar suspicacia y ahondar todavía más las preocupaciones de un pueblo que anhela ver materializada una lucha contra la corrupción que nunca se ha llevado a cabo.

La institución pública llamada a auditar a las demás, la Cámara de Cuentas, dijo haber encontrado “debilidades” en el manejo de fondos y pago de nómina en la CNECC y entre otras cosas señaló que carece de los controles que garantizan  el manejo razonable de los recursos que administra. 

Además de eso, mediante una prueba que consistió en la selección  de 12 expedientes de funcionarios y empleados, se comprobó que el 43% del personal fijo carece de preparación académica, de adiestramiento  y de certificado de antecedentes penales.

La Cámara de Cuentas recomendó evaluar la estructura orgánica de la CNECC y contratar personal calificado mediante concursos, ya que el actual no lo está. Sugiere registrar los pagos de nóminas, las compras de bienes y servicios por el costo de adquisición, e incorporar las partidas presupuestadas por cuentas y subcuentas en el informe de ejecución presupuestaria.

Entonces, si la comisión creada con el propósito de combatir la corrupción no sirve ni siquiera para dar un ejemplo de gestión transparente y adecuada, ¿qué se puede esperar del resto del tren gubernamental dominicano? A Dios que nos encuentre confesados.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora