En mayo de 2006, Félix Bautista, director ejecutivo de la Oficina  de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, firmó la carta acuerdo con The Sunland Corporation que endeudó al Estado dominicano en US$130,000,000, con 19 pagarés firmados por el mismo funcionario en nombre del Gobierno Dominicano y emitidos a favor de la Sunland.

Dos años más tarde, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra el controversial contrato basándose en absurdos argumentos de forma.

No obstante, incluso un tribunal tan comprometido con su propia permanencia reconoció la irregularidad del tema cuando en el cuerpo de la sentencia del 18 de diciembre de 2008 señala que “ciertamente el Presidente estaba en la obligación ineludible de someter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional”.

A fin de cuentas, el presunto objetivo del cuestionable contrato era la construcción de obras prioritarias para el Estado, la mayoría dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En el contrato de 2006 de obras, cuyas ejecuciones fueron entregadas sin licitación pública, se especifica en su artículo 2, sección 2.1, que “el contratista ejecutará las obras de acuerdo al programa de obras, el cual prevé la terminación y entrega a más tardar dentro de los doce (12) meses siguientes al inicio de los trabajos”.

Aunque el documento original establece la obligación de construir once obras, la cantidad de obras fue reducida a cinco con el mismo costo, mediante una modificación hecha al anexo número 1 del contrato el 5 de diciembre de 2006.

Se establece allí la obligación de construir las obras y equiparlas a un costo de US$111,986,906 y se incluye otra partida por US$18,013,094 por concepto de gastos legales, bancarios, entre otros.

El Gobierno y Sunland firmaron un anexo el 25 de octubre de 2007 al contrato de construcción de obras, señalando que la empresa privada deberá entregar las obras “totalmente terminadas y los equipos y servicios a ser suministrados e instalados en pleno funcionamiento a más tardar el 15 de julio de 2008”. Esto también  fue firmado por el actual candidato a senador por el PLD en San Juan.

Hoy, no sólo las autoridades de la UASD sino la simple vista confirman que las obras no han sido terminadas y que los trabajos de construcción de la Torre Administrativa, un parqueo para 1,300 vehículos, un comedor, el Centro Comprensivo de Cáncer Heriberto Pieter y del Centro Tecnológico están paralizados.

A la fecha, por tanto, 18 de febrero de 2010, no sabemos el destino del dinero.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora