Al margen de los cuestionamientos que deben hacerse al presupuesto de 2010 por las partidas relativas a deuda pública, los fondos que establece como provenientes de financiamiento internacional, las inmensas partidas consignadas para la Presidencia, la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina Supervisora de Obras del Estado, entre muchas otras cosas que perpetúan nuestra característica de Estado despilfarrador, es aún más preocupante que los cimientos de este presupuesto estén compuestos por ilegalidades reconocidas por las mismas autoridades que lo impulsaron.

Desde el 2 de octubre se está violando la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público.

Esto así, debido a que su artículo 34 establece que a más tardar el 1 de octubre de cada año debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, presentado por el director general de Presupuesto al secretario de Hacienda, para el año siguiente. 

Obviamente, es lógica esta disposición porque permitiría un lapso amplio para poder discutir lo dispuesto por el anteproyecto y lograr concertaciones que conduzcan a un presupuesto más justo, sin embargo, no pareció importarle a un gobierno que esperó hasta diciembre para presentar el anteproyecto y presionar su aprobación al vapor. 

Por otro lado, sale a relucir la violación a la Ley de Educación que se plantea en el presupuesto ya que asigna apenas la mitad del porcentaje del PIB que dicha ley establece como partida mínima para la educación dominicana, manteniéndonos con ello en la lista de los países que menos invierte en la educación de su pueblo.  También, cabe destacar las violaciones a la Ley de Autonomía Municipal, a la Ley de Salud, a la Ley de Capitalización del Banco Central, entre otras.

No obstante, si bien era evidente la violación de unas 6 ó 7 leyes vigentes que se plantea con el presupuesto, fue el secretario de Hacienda quien se encargó de aclarar que son 24 las leyes que habría que modificar para adecuarlas a este presupuesto, dejando saber, por tanto, que le consta al Gobierno que este presupuesto contiene al menos 24 ilegalidades.

El presupuesto dominicano para el 2010 está consignado en una ley inconstitucional, que se burla del principio de legalidad y a la vez se burla de cada uno de nosotros, arrojándonos a la cara la triste realidad de que en nuestro país el derecho sólo sirve para adornar discursos, el imperio de la ley se aplica sólo contra los enemigos del Gobierno y la institucionalidad hace ya unos años que la perdimos.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora

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