La celebración del Día de los Derechos Humanos encontró a República Dominicana con un panorama bastante comprometedor, especialmente en lo relativo a los de las víctimas, a los derechos del debido proceso o más aún, el fundamental derecho a la vida.

Esto así, debido a la cantidad de denuncias que se han producido en los últimos años relativas a torturas y ejecuciones presuntamente cometidas por agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo al mapa delincuencial que ha presentado la fiscalía del Distrito Nacional, el 14% de las muertes registradas en este año han sido a manos de agentes policiales.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, ha informado que de los 400 muertos en los llamados “intercambios de disparos” que resultaron en el periodo enero-diciembre de este año, según datos de la institución, el 70% se ha tratado de ejecuciones, acompañadas en muchos casos de crueles actos de tortura.

Estas aterradoras cifras, combinadas con las recientes evidencias de las ejecuciones cometidas por agentes de la Policía Nacional con los presuntos secuestradores del joven Baldera, demuestran que si, como dijo hace unos días el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, los “intercambios de disparos” no constituyen una política de Estado, indiscutiblemente que sí constituyen una muestra clara del estado de la política en nuestro país.

Resulta importante aclarar que a título personal no me inclino a apoyar una posición demasiado garantista en relación con Derechos Humanos y por razones moral y humanamente entendibles, menos aún cuando se trata de delincuentes.

No obstante, la posición de la “mano dura” (que se ha convertido en un discurso populista de demagogia política para legitimar y justificar inconductas), por comprensible que pueda ser el sentimiento en una sociedad cansada de tanta delincuencia e inseguridad, termina siendo contraproducente y por demás injusta toda vez que, si se le permite a un policía la subjetividad y el poder discrecional de asesinar al que considere delincuente, al margen de las obvias implicaciones jurídicas que esto conlleva ¿qué garantías  tendríamos, en un país con una Policía Nacional tan cuestionable y atrasada, de que en todos los casos se trate de reales delincuentes? Y más importante aún ¿cómo le exigimos o juzgamos al policía al que previamente le hemos dado carta blanca una vez se compruebe que, por error o por voluntad propia, cometió una injusticia?  La puerta de la mano dura hay que cerrarla, porque indiscutiblemente, por donde salen los buenos, salen los malos también.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora