En las recientes elecciones del Colegio de Abogados se declaró ganador a Diego José García, candidato apoyado por el PLD para presidir el gremio, con una diferencia de cinco puntos porcentuales en relación con el actual presidente del grupo, José Fernando Pérez Vólquez.

Luego de ver el despliegue de helicópteros, la compraventa de votos y las presiones de instituciones del orden para imponer a sus miembros votar por el candidato indicado, una vez más demostró el Gobierno que no tiene parámetros para abusar de los recursos del Estado a fines de ganar toda clase de candidaturas y crear una percepción triunfalista.

Obviamente era de esperarse, ya que si no hay reparos para hacerlo con unas onerosas elecciones presidenciales, mucho más fácil resulta con algo relativamente pequeño, pues estamos hablando de un universo de votantes potenciales de unos treinta mil abogados, de los que usualmente votan cerca de la mitad.

El plan gubernamental tuvo como resultado convertir a Diego García en un verdadero fenómeno.  Esto así porque se ha convertido en presidente del Colegio de Abogados sin ser conocido por la clase jurídica dominicana ni siquiera en Bonao, su pueblo natal, y siendo un perfecto extraño para el poder judicial, puesto que, por no dedicarse al ejercicio de la profesión, no ha sudado la toga.

Para esta persona, que por no vivir los embates de los palacios de justicia no conoce a plenitud las necesidades de los abogados, le resultará sumamente difícil llenar los zapatos de un presidente que, al margen de tendencias políticas, ha sido reconocido por juristas y abogados dominicanos como uno de los que mayores aportes ha realizado para el gremio, especialmente en materia de educación continuada.

Al igual que cuando Leonel Fernández compitió con Danilo Medina o cuando el enfrentamiento se produjo entre Fernández y Miguel Vargas, el Estado se impuso con fórmulas que no tienen precedentes en la historia política dominicana.  Por ende, es lógico deducir las estrategias que se utilizarán el año próximo para tratar de lograr triunfos congresuales y municipales.

Debe notar el Gobierno, sin embargo, que su maestría en el manejo de la percepción no rendirá iguales frutos con una sociedad que, según las evidencias de las encuestas Gallup-Hoy, culpa al Gobierno de la delincuencia, de la corrupción, de los problemas migratorios, del narcotráfico, entre muchas otras cosas que han llevado al pueblo a afirmar que el país está muy mal y que se pondrá peor.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora