La Gallup-Hoy señaló el lunes que el 80% de la población entiende que el narcotráfico va en aumento en nuestro país.

Aún más preocupante que esa cifra es el dato de que el 52.6% de los dominicanos entiende que existe complicidad entre autoridades y narcotráfico.

En el marco del tema, la encuesta se refirió al caso de Sobeida Félix y dice que el 70% de las personas considera que salió del país con ayuda de las autoridades.

Estos números alarman pero no sorprenden, pues existen elementos para justificarlos. Por un lado, tenemos instituciones rectoras en materia de drogas que, como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), han afirmado en varias ocasiones conocer con exactitud la cantidad de puntos de drogas que existen y los lugares donde se encuentran, pero no han trazado ninguna estrategia efectiva para desmantelarlos.

De hecho, el pasado director estableció la conservadora cifra de 17,000 puntos, mas no acompañó la osada afirmación con una explicación de lo que haría la institución al respecto.

Por otro lado, tenemos un Ministerio Público al que no le ha servido la Escuela Nacional para aprender a instrumentar los expedientes de una forma que no permita espacios a los jueces para ser negligentes o irresponsables.

En el caso específico de Sobeida, este Ministerio Público que en nuestro país constituye una estructura vertical liderada por una figura designada por el Presidente (y en el caso actual un amigo personal suyo), realizó una muy pobre labor de investigación y luego quiso lavarse las manos aprovechando la cuestionable sentencia que da libertad condicional a la imputada y cargándole el dado a la jueza.

Se apartan de la verdad el Procurador General de la República y el fiscal del Distrito al decir que dar un seguimiento a Sobeida no era legal, pues medidas sencillas como la intervención telefónica, por ejemplo, hubiesen sido fácilmente concedidas por un juez de Instrucción de haber sido solicitadas, pero esta solicitud o muchas otras que pudieron haber sido hechas por los fiscales en ningún momento fueron planteadas.

Lo anterior es curioso toda vez que en este país casi todos, en especial los que no comulgamos con las creencias de este Gobierno, tenemos nuestros teléfonos intervenidos de forma irregular.

No obstante, en casos graves como el de Sobeida en los que se puede regularizar una acción de ese tipo, la brillante idea no le pasa a ningún fiscal por la cabeza.

Quizás Sobeida aún siga en el país pues, ¿en qué otro lugar encontraría tanta impunidad?
Leila Mejía  es abogada y comunicadora