En el conocido pacto realizado entre el presidente del principal partido de oposición, Miguel Vargas Maldonado, y el Presidente de la República, Leonel Fernández, se establecieron algunos puntos sobre la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, a fines de realizar ciertas variaciones en lo establecido sobre esto en la Constitución dominicana.
Los cambios consisten, principalmente, en que el diputado y el senador que vayan a ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, además de los presidentes de las cámaras, correspondan al partido distinto del de estos titulares que tenga el mayor número de legisladores en cada cámara respectivamente.
Esto, evidentemente, resulta de interés para el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ya que el mismo constituye hoy la segunda fuerza política de la República Dominicana y con una proyección ascendente.
Sin embargo, también es de gran trascendencia y ofrece beneficios para el país toda vez que sirve como mecanismo para evitar que el partido de Gobierno controle los nombramientos y designaciones del Poder Judicial y continúe con esto evitando el incumplido deseo colectivo de lograr la independencia de dicho poder del Estado.
A pesar de que sobre este tema ya existía un acuerdo claro entre las fuerzas políticas que no había sido objetado por otros partidos ni por entidades de la llamada sociedad civil, han obviado los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana lo pactado, atentando con ello no sólo contra su credibilidad, sino contra los anhelos de institucionalidad que tenemos los dominicanos.
De nuevo ha mostrado el PLD al país lo poco que valen para sus miembros el compromiso y la palabra empeñada así como poco o nada valen para ellos las necesidades de la colectividad, pues ellos sin reparo crean situaciones o perpetúan un statu quo perjudicial siempre que esto beneficie sus intereses personales y su sed de continuismo y poder ilimitado.
Lo peor de este tema es que la población dominicana, cansada de los acuerdos y pactos políticos coyunturales, probablemente asuma este impasse como una simple lucha de poder entre partidos, ignorando que lo relativo a la composición del Consejo Nacional de la Magistratura incide directamente en la impartición de justicia y por consiguiente, lograr una estructura más democrática de este organismo debe ser para la sociedad algo aún más prioritario que otros artículos que han generado protestas y reclamos.
Un grave error ha cometido también el PRD en este escenario: pedirle peras al olmo, esperando que insensibles sientan, que incumplidores cumplan y que mentirosos digan la verdad.
Leila Mejía es abogada y comunicadora
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