Según las informaciones ofrecidas por representantes del Gobierno dominicano, las exportaciones han caído en un 20% en los primeros seis meses de este año.
Estas cifras oficiales, sin embargo, no son congruentes con las ofrecidas por el propio sector exportador a través de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) que explicó que en verdad la caída ha sido de un 36%, representando esto, en términos reales, un monto superior a los 600 millones de dólares.
A pesar de las diferencias sustanciales entre los cálculos ofrecidos por el sector público y los cálculos del sector privado, está claro que la exportación dominicana ha sido víctima de un gran retroceso.
Y tristemente, esas mismas autoridades gubernamentales que ponen trabas a la exportación o, en el mejor de los casos, no hacen nada para resolver las que ya existen, han tenido la desfachatez de estimar los datos como positivos ya que, según ellos, esperaban bajas mayores.
No obstante las alarmantes cifras, no luce estar entre las prioridades de nuestro Gobierno resolver el problema relativo a la disminución de las principales fuentes de divisas en nuestro país.
No parece importar demasiado que los exportadores dominicanos estén en condiciones muy desiguales en relación con sus competidores internacionales.
Tampoco parece ser un punto de agenda oficial urgente, el posible colapso de las Zonas Francas que, según estadísticas del Banco Central, disminuyeron en un 22% en relación con el año pasado y cuyas dificultades relativas a pérdida de competitividad iniciaron un tiempo antes de la llamada crisis financiera global.
Si el tema fuese asumido por el Gobierno con la seriedad que amerita, entonces buscaría soluciones posibles y factibles como, por ejemplo, el establecimiento de financiamientos a bajas tasas de interés para el comercio con el exterior.
Algo sencillo como esto aumentaría la competitividad del país frente a otros con una situación muy distinta, como es la prevaleciente en Estados Unidos, Centro y Suramérica, donde la banca otorga préstamos a una tasa de interés del 7%, muy inferior a la exigida en República Dominicana.
Sin embargo, han preferido nuestro servidores públicos minimizar la importancia del tema y algunos hasta se han atrevido a negar que el mismo constituye un problema.
Si permitimos que siga reinando esa pequeñez mental que lleva a decir que algo está mejor porque, aún estando muy mal no está tan grave como podría imaginarse, la República Dominicana no saldrá por ahora de la autopista de involución en la que ha sido forzosamente subida en estos últimos años.
Leila Mejía es abogada y comunicadora
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