El presidente Leonel Fernández propuso ante la comunidad internacional la suspensión de Honduras del DR-CAFTA a fines de presionar con este mecanismo para lograr la reposición de Manuel Zelaya en el poder.
Nuestro Primer Mandatario participó la semana pasada en la XVIII Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos y allí, refiriéndose al llamado Golpe de Estado en Honduras, hizo la cuestionable y sorprendente propuesta de establecer sanciones comerciales a dicho país como una presunta solución a la crisis política que experimenta en estos momentos.
A pesar de que, como resultaba evidente, el absurdo planteamiento fue respondido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que comunicó que Honduras no puede ser sacada del Tratado de Libre Comercio, resulta pertinente analizar la propuesta del presidente Fernández a fines de entender un poco más el modo de pensar de quien actualmente lleva las riendas del Estado dominicano.
Por un lado, desde un punto de vista jurídico, hay algunos cabos sueltos en lo que se ha sugerido.
A diferencias, por ejemplo, del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea que es un acuerdo de cuarta generación, el DR-CAFTA, como acuerdo comercial de tercera generación, no contempla disposiciones relativas a política o democracia y tampoco está en su naturaleza que sea utilizado como herramienta para lidiar con situaciones en estas materias.
Por otro lado, desde una perspectiva comercial, crearía este bloqueo profundas distorsiones en el comercio de la región centroamericana toda vez que, desventajas de este tipo relativas a un país lógicamente conllevan ventajas sustanciales para aquél o aquellos países hacia los que se produzcan desvíos.
Pero además de todo lo anterior, desde un punto de vista más humano y por ende mucho más importante, la historia ha demostrado con casos emblemáticos como las medidas comerciales que Estados Unidos ha ejecutado contra Cuba que quienes sufren las terribles consecuencias de este tipo de castigo no son los funcionarios y representantes del Gobierno, legítimo o no, del país al que se le aplique.
Los que siempre terminan pagando los platos rotos con el deterioro de su calidad de vida y su bienestar son las personas que componen un pueblo que no es culpable de la situación política pero que de igual manera es obligado a llevar una pesada carga sobre sus hombros.
Al margen de la obvia necesidad de buscar posibles soluciones a la crisis política que hay en Honduras y al entendible rechazo de la comunidad internacional al actual gobierno de Micheletti, hay que ser cuidadosos en las cosas que se propongan a fines de priorizar ante todo los intereses del pueblo hondureño y tener extremo cuidado para evitar que la medicina termine haciendo más daño que la enfermedad.
Leila Mejía es abogada y comunicadora
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