La municipalidad, a diferencia de lo que normalmente se cree, implica un verdadero gobierno municipal que gracias a una Ley de Autonomía Municipal que refuerza la descentralización, permite a los funcionarios municipales la toma de una serie de decisiones de trascendencia capital para los dominicanos.

Esto, sin embargo, no parece haber sido interiorizado por muchos de nuestros actuales síndicos y regidores, que siguen limitando su accionar a una labor puramente cosmética y superficial, olvidando otras responsabilidades de mayor relevancia e interés social.

Lamentablemente, como no se ha realizado una campaña para concienciar a los electores y darles a conocer la inmensa cantidad de funciones que otorga la ley a las autoridades municipales, la mayoría se conforma con este superfluo maquillaje y hasta catalogan como positivas las gestiones de algunos que sólo gastan en lo ornamental y dejan de lado lo fundamental.

Indiscutiblemente, en muchos lugares del país se han creado lindos parquecitos, se han decorado áreas públicas con hermosas flores y hasta se ha logrado, excluyendo los barrios marginados, un sistema de recogida de basura aceptable.

Sin embargo, parecen olvidar muchos de nuestros síndicos y regidores que entre las funciones municipales se encuentran la pavimentación de calles, creación de un adecuado sistema de semáforos, abastecimiento de agua potable, construcción de estancias infantiles, creación y reparación de aceras y contenes, mantenimiento del drenaje pluvial, construcción de canchas y áreas deportivas en general, construcción de viviendas para damnificados por desastres naturales, creación de refugios para animales callejeros, mantenimiento de la seguridad ciudadana, iluminación  y rotulación de las calles y avenidas, entre muchísimas otras atribuciones que de ser asumidas con la seriedad que amerita, se podrían resolver problemas básicos que experimenta hoy la población dominicana.

Muchos de estos temas han sido ignorados a pesar de que en la actualidad las autoridades municipales cuentan con un mayor presupuesto y además, en algunos casos, menos territorio para administrar.

Específicamente en el caso del Distrito Nacional, al síndico anterior le correspondió administrar un territorio de mil setecientos kilómetros cuadrados con una población superior a los tres millones de habitantes, pero su último presupuesto apenas alcanzó  los mil cien millones  de pesos, mientras que al actual le ha correspondido administrar una franja de apenas noventa y cuatro kilómetros cuadrados en la zona con mayor desarrollo urbano y con un presupuesto que multiplica por cuatro la cifra enunciada.
Leila Mejía  es abogada y comunicadora

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