Es innegable que la policía es uno de los órganos fundamentales del Estado. Sin embargo, los recientes acontecimientos en los que se ha visto involucrada esta institución han aumentado la desconfianza ciudadana en sus acciones. Pareciera que el peso ideológico de la tradición política autoritaria no ha permitido que la policía supere los lastres que le impusieron los regímenes tiránicos que han gobernado el país. Por esto su aclimatación a la democracia ha sido lenta y todavía perviven en su código genético patrones de comportamiento autoritario.

Las razones del estancamiento de la democratización de la policía obedecen a la ausencia de una verdadera política estatal en materia de criminalidad y seguridad pública, la falta de voluntad de la clase política para realizar cambios en la policía después de largos períodos autoritarios, el vacío jurídico para el cumplimiento de las funciones policiales en democracia, la concepción autoritaria de la seguridad y la imposición de un patrón de liderazgo no democrático para gestionarla.

La reforma de la policía se presenta así como un imperativo del Estado de derecho y para la eficacia de la reforma del sistema penal. Pero ésta ha sido la gran olvidada de las reformas institucionales, quedando marginada a un segundo plano debido a consideraciones políticas y económicas, y a una falta de conciencia de su función en el sistema penal, que, como advierte el jurista alemán Kai Ambos, “cumple no ya un papel cualquiera, sino el más importante en la investigación, porque es la que aclara los hechos y prepara el informe para las autoridades del proceso penal”.

Una de las ideas rectoras de la reforma procesal penal ha sido precisamente someter las investigaciones policiales al control del ministerio público. Es así que la fluida comunicación entre fiscales y policías sería la base de un edificio estatal de seguridad democrática. Pero contamos con un ministerio público que se ha mostrado incapaz de someter a control la actividad de la policía: los fiscales dominicanos no ejercen de manera adecuada la dirección funcional de la investigación y la policía asume un protagonismo innecesario informando al público de cuanto recolecta en la pesquisa violentando así “la obligación de discreción” legalmente prevista.

La policía democrática está concebida como la primera línea de defensa de la Constitución y las leyes, por tanto, sus agentes son los más obligados a acatarlas. Ello les impide que recurran a métodos proscritos constitucionalmente como la tortura. La eficacia de la actividad policial se mide tomando en consideración el porcentaje de casos esclarecidos según el criterio de los tribunales, y no según el criterio de los agentes. La condena obtenida en un debido proceso legal es la certificación de calidad de una investigación policíaca eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales de la persona humana.  

El régimen democrático necesita de la Policía para subsistir. Se concordará entonces con el ex fiscal general de Costa Rica José María Tijerino Pacheco que, “así como hay una historia negra de la policía, conformada por el abuso del poder en todas sus manifestaciones, las autoridades de una sociedad democrática tenemos el imperioso deber de escribir otra historia: aquella que reivindique un servicio esencial para cualquier comunidad: la del orden, entendido no como avasallamiento de la dignidad humana sino como garantía de los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna clase”.

Urge, pues, la depuración y profesionalización de la policía y dotarla de recursos técnicos, humanos y financieros que le permitan ejercer sus funciones con dignidad institucional. Se requieren fortalecer la capacidad de control del poder civil (entiéndase el ministerio de interior y policía) sobre los estamentos policiales porque su autonomización afecta el principio democrático de gobierno. La especialización de un cuerpo de investigadores de la policía, adscritos funcionalmente al ministerio público, es una necesidad para lograr un mejor desempeño en la persecución del crimen.  

Se impone ya que todos los sectores nacionales compacten sus fuerzas para ayudar a la policía a superar una cultura institucional que la aleja de la democracia y rompe los valiosos mecanismos de comunicación con el pueblo, independientemente de las buenas intenciones de sus mandos superiores. Sin una policía eficiente y profesionalizada jamás se ganará la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado. No podemos seguir dilatando una reforma policial que fortalezca la capacidad de control de las  autoridades civiles. Si la inseguridad ciudadana predomina y la desconfianza en la policía persiste, la gobernabilidad podría erosionarse peligrosamente.
Félix M. Tena De Sosa
Investigador Asociado de la FINJUS
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