La seguridad ciudadana, es fundamental para el desarrollo, lo contrario es perjudicial. El miedo afecta el desarrollo y la capacidad productiva de los ciudadanos. En el 2008, en una encuesta patrocinada por Diario Libre, el 34% de los ciudadanos expresaron su preocupación por los niveles de criminalidad. Este porcentaje era comparable con la percepción del costo de la vida.

Según Bernardo Kliksberg, economista argentino de origen judío, en su obra Mitos y Realidades sobre la Criminalidad en America Latina, el “14% del PIB de la Región Latinoamericana se pierde por la violencia, equivalente al triple de los países desarrollados.  Las pérdidas por violencia superan ampliamente en muchos países de la región el total de su inversión en las áreas sociales”.

El abogado argentino Alejandro E. Álvarez, define la seguridad ciudadana como “la situación institucional y social, en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer íntegramente sus libertades y derechos”.

El Eje número uno, de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), establece entre sus objetivos específicos, la aplicación de la ley y la no impunidad mediante un sistema judicial ágil, accesible y eficiente, y la construcción de un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a la delincuencia y la profesionalización de la Policía Nacional.

Lograr este objetivo implica educar a la población sobre la importancia de los valores y la convivencia ciudadana, e involucrarlos en la construcción de comunidades seguras; asegurar que los jóvenes participen en actividades sociales, culturales, recreativas y crear las condiciones para un empleo digno; profesionalizar y fortalecer la Policía Nacional, y dotarla de recursos logísticos para la prevención del delito y la violencia; garantizar el cumplimiento del deber por parte de la Policía Nacional, conforme a los principios de transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al poder civil y a la ciudadanía; lograr que las comunidades trabajen junto a la Policía por su propia seguridad; y fortalecer el Sistema Penitenciario, para garantizar la rehabilitación de las personas que cumplen penas.

Tomando estas medidas, la END espera reducir la cantidad de homicidios de 24.4 por 100 mil habitantes, en el 2006, a 1.2 en el 2030; de igual manera aumentar la efectividad de la acusación del Ministerio Público, de 51% en el 2007 a 90% en el 2030 e incrementar la solución de casos en Juzgados de Primera Instancia y Cámaras Penales de 76% en el 2007 a 95% en el 2030.

La END es clara en sus objetivos y metas. Solo se necesitan tres cosas: recursos, voluntad y trabajo. Implementarla es el gran desafío. 
Félix Bautista es ingeniero civil