El gobierno del presidente Leonel Fernández ha logrado sortear con éxito muchos momentos difíciles desde el punto de vista económico. Lo más importante de todo es que ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica y con ello ha mantenido un crecimiento de la economía y una situación de tranquilidad social.

Sin embargo, ante los efectos de la subida de los precios del petróleo a nivel internacional, el Gobierno se ha visto compelido a conjurar un déficit que el FMI no le permite que se siga ampliando, para cumplir con la ejecución del actual presupuesto y no se genere desestabilización.

Ante esa realidad, el Gobierno cometió un grave error estratégico. No preparó a la opinión pública en torno a lo necesario de esta nueva reforma  fiscal y de que la misma se implemente para que no se afecte la estabilidad macroeconómica. El Gobierno sorprendió a todo el mundo enviando un paquete de medidas, muchas de las cuales no afectan de manera directa a las grandes mayorías, pero sin consensuarlas y sin dar una explicación al país.

Pasado el temporal de duras críticas por esa acción poco política, entonces empezó a verse que las medidas, por primera vez, trataban de crear  impuestos progresivos y no regresivos, es decir, que buscan afectar a los que poseen grandes ingresos y beneficios.

El primero de esos impuestos es el de 1% a los activos productivos de la banca, exceptuando los bonos y el encaje legal, y con una duración de tan sólo dos años.

Aunque nadie quiere impuestos, lo cierto es que la banca ha sido una de las grandes beneficiarias de la estabilidad macroeconómica que ha logrado este Gobierno después de la gran crisis que la afectó en el año 2003, por lo que se ve razonable que ellos aporten su granito de arena para mantener esa estabilidad.

El otro impuesto es el del 10%  a los juegos de azar y las bancas de apuestas. Éste también es comprensible, aunque la tasa se ve demasiado elevada. Pero este es otro sector que se ha beneficiado con la estabilidad y de seguro estará en disposición de poner su ayuda para que la misma no se pierda.

Ahora bien, lo que no es posible mantener son los impuestos a la propiedad inmobiliaria y a los servicios de televisión por cable, ya que los mismos afectan de manera directa a la clase media y a los sectores populares.

Con estos dos impuestos, el Gobierno pierde la perspectiva de su interés en que las medidas sean parte de una política impositiva progresiva y eso puede crear serios problemas sociales. Ni la clase media ni las clases bajas deben ser afectadas de manera directa por nuevos impuestos. La carga impositiva debe seguirse emparejando y haciéndose mucho más justa y equilibrada.
Euri Cabral es economista y comunicador