Uno de los grandes aportes del presidente Leonel Fernández ha sido el impulso de la nueva Constitución dominicana, la cual, sin lugar a dudas, representa una verdadera revolución desde el punto de vista institucional.

El presidente Fernández no sólo fue el ideólogo y principal propiciador de esta nueva Carta Magna, sino que se ha convertido en uno de sus principales promotores y un consecuente defensor de todos los principios y normas establecidos en la misma.

La Constitución aprobada hace un año tiene como un gran aporte la conformación del Tribunal Constitucional, un mecanismo que de acuerdo al artículo 184 se crea “para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

Para estructurar ese mecanismo antes del 26 de enero, tal y como establece la propia Constitución, se ha creado un problema, pues algunos juristas, encabezados por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, han señalado que el Tribunal Constitucional no puede tener como potestad revisar las sentencias emanadas por la Suprema.

Otros juristas y analistas políticos, entre los que me incluyo, entienden que de acuerdo al artículo 277 es posible y necesario que dicho Tribunal pueda revisar las decisiones judiciales de la Suprema, de acuerdo a normas específicas establecidas en la ley. En principio, el presidente Fernández compartía este último criterio, pero luego varió su posición y asumió que el Tribunal Constitucional no podía revisar las decisiones de la Suprema.

Eso provocó una pequeña crisis debido a que el propio Gobierno se dividió en torno al tema, pues contrario al propio Presidente se manifestaron el procurador general de la República, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y varios abogados muy cercanos al mandatario.

La situación se tornó más difícil porque para ser aprobada la ley que concretiza el Tribunal es necesario que se apruebe en la Cámara de Diputados, donde el partido de gobierno no cuenta con las dos terceras partes necesarias para legitimarla.

Ante esa situación, el presidente Fernández ha actuado con la grandeza de un líder de dimensiones históricas.

Antes que tratar de imponer una salida, antes que buscar salidas nada beneficiosas para el fortalecimiento institucional, ha decidido recorrer el sendero de la esencia de la democracia y convocó un diálogo entre los diversos sectores de la crisis, para escuchar sus opiniones y buscar una salida negociada.

Ese encuentro celebrado en la Fundación Global, es un camino correcto, democrático y garantizador de que el Tribunal Constitucional llenará las expectativas y no será usado para otros fines que algunos termocéfalos buscan lograr, desvirtuando con ello la esencia y el cometido de ese mecanismo.

Ojalá que el presidente Fernández siga en esa ruta para bien de la nación y de todos.
Euri Cabral  es comunicador y economista
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