La decisión del gobierno venezolano de no continuar con la compra del 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo, ha provocado una serie de discusiones entre sectores de la oposición, de la empresa privada y del Estado dominicano.

En primer lugar, la comisión económica del PRD ha hecho el ridículo al querer demostrar que el dinero que iba a entrar a las arcas del Estado por concepto de la venta de esas acciones estaba consignado en el presupuesto del 2010.

Sus argumentos se basaron en el hecho de que en el memorando de intenciones del acuerdo del gobierno dominicano con el FMI se planteaba que para el año 2010 se esperaba la entrada de unos 100 millones de dólares por venta de activos.

Viéndolo así parecía que los economistas perredeístas tenían razón, pero donde evidenciaron su error y su infantilismo en el análisis fue que no se dieron cuenta que una cosa es la carta de intenciones con el FMI, lo cual es un enunciado general de líneas políticas económicas, y otro muy diferente es la concreción del presupuesto, su formulación y su aprobación por parte del Congreso.

El secretario de Hacienda y el director de presupuesto le demostraron a los desacertados economistas perredeístas que entre los ingresos del presupuesto del 2010 no estaban los de la compra de la acciones de la refinería, sino que los mismos podrían ser parte del presupuesto complementario que se envía al Congreso para su aprobación a mediados del presente año.

Es decir, no es cierto que dichos fondos estuvieran consignados en el actual presupuesto, sino que los mismos podrían ser parte del mismo si eran enviados al Congreso para ser aprobados en la ejecución de este año. Los economistas del PRD nuevamente perdieron el tino en sus planteamientos.

Por otro lado, importantes empresarios locales y el propio Consejo de la Empresa Privada, han planteado que ante el desinterés de Venezuela el gobierno dominicano debería vender esas acciones a sectores privados dominicanos.

La idea parece tener sustento, pero la misma debe ser valorada con mucho cuidado y profundidad por parte del Estado dominicano para que no se repita la situación que vivimos con el pasado socio (la Shell) que como se ha evidenciado, luego de su partida, en el fondo lo que hacía era de alguna manera burlar al país en cuanto al monto de las ganancias y de las pérdidas de la refinería.

De acuerdo a informes del Gobierno, la refinería es un buen negocio, pues solo el año pasado, siendo manejada sin sociedad con nadie, sus beneficios fueron de unos 1,600 millones de pesos y aportó al fisco dominicano unos 500 millones de pesos.

Un negocio así, que por demás maneja un asunto estratégico para el país como son los combustibles, no puede ser festinado ni errar en la selección del socio.

Entiendo que el Estado debe buscar un nuevo socio que esté dispuesto a aceptar las reglas del juego y que asuma el 49% dejando en manos del Estado dominicano la administración, tal y como se iba a hacer con Venezuela. Si los empresarios dominicanos quieren ser parte de esa forma del negocio, bienvenidos sean. De lo contrario, miremos hacia otro lado del mundo. África o Asia, por ejemplo.
Euri Cabral  es comunicador y economista
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