La doctrina económica expresa con claridad meridiana que si una economía está atravesando por una situación de decrecimiento resulta contraproducente que se implementen nuevas medidas impositivas.
Lo correcto es propiciar medidas económicas que conlleven una expansión del gasto público y una dinamización de los diversos sectores como forma de enfrentar ese decrecimiento y por vía de consecuencia iniciar la vía de la recuperación y del crecimiento de los diversos parámetros económicos.
En el caso de nuestra nación el equipo económico del Gobierno entendió con precisión y claridad ese postulado empleándose a fondo para enfrentar los duros efectos de la crisis económica mundial sin tener que crear nuevos impuestos que afecten los niveles de ingreso de las grandes mayorías.
Ante la grave situación que significó la caída abrupta de los ingresos del Gobierno en el primer semestre de este año como consecuencia del decrecimiento económico, la salida para dinamizar la economía no podía ser otra que buscar recursos frescos a través de concertar préstamos internacionales.
Y es por esa razón que el Gobierno firma este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a implicar la entrada de 1,700 millones de dólares en un período de 28 meses.
Aunque siempre he cuestionado las políticas que sugiere el FMI cuando firma un acuerdo con alguna nación, en esta oportunidad entiendo que esta acción del Gobierno ha sido la más correcta pues se consiguen recursos rápidos en un organismo multilateral a una tasa de interés mucho más baja que si fuera en la banca internacional.
Y lo más importante de esta firma con el FMI es que la misma tiene como base una serie de condiciones donde no se prevee la creación de nuevas medidas impositivas.
Por el contrario, en la carta de intenciones que sirve de base al acuerdo se expresa con claridad que “el programa del Gobierno para el 2009-2012 pretende la aplicación de una política anti-cíclica a través de la adopción de una posición fiscal expansiva.”
Y una política anti-cíclica implica no afectar la economía con nuevas cargas impositivas.
Aunque se habla de una reforma de la administración tributaria esto lo que significa es que se profundizará la política de bajar la evasión fiscal, de ubicar nuevos nichos impositivos y aplicar reformas importantes en el sistema de exenciones fiscales, especialmente en el sector de los combustibles donde existen serias aberraciones.
En el plano del sector eléctrico es donde se prevee que podrían haber ajustes de tarifas, los cuales esperamos que no rompan el esquema general de las políticas anti-cíclicas.
Uno de los aspectos más destacados de este acuerdo es la orientación que tiene para fortalecer el área social del Gobierno a través de ampliar la cobertura de sus programas sociales incluyendo a 70,000 familias nuevas y aumentando los pagos a más de 45,000 familias que ya están en esos programas.
Asimismo, se plantea el compromiso de aumentar los gastos de educación y salud en 0.75% del PIB durante el período 2010-2012.
Esta es una de las grandes y agradables sorpresas de este nuevo acuerdo con el FMI.
Euri Cabral es comunicador y economista
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