Existe una categoría ciudadana  que no figura en la nueva Constitución, modalidad no escrita de habitante criollo, que con peculiares características, goza de privilegios para violentar cualquier disposición legal. Se trata del "padre de familia".

Este “sujeto”, que bien puede ser mujer, desarrolla actividades económicas al margen de toda norma o límite, imponiendo a la larga, en conjunción con la permisividad nacional, su caótico proceder, ahora potenciado con el proceso de “haitianización” acelerada.  Si  se trata de alimentos, ya sea el que vende pollo o chivo “matado”, jugos,  frutas, “yaniqueques” o  frituras varias, no le aplica  reglamento sanitario ni norma de higiene y aun así, “jaya” clientes suficientes “pa’l picoteo de to lo día”. 

Si es en el área del transporte, el padre de familia, no sujeto a la ley de tránsito, maneja “a como lleve guto”, sin cinturón de seguridad, sin luces, o como “la jonder’diablo”.

Contamina con gases de combustión, casi ahogando a los pasajeros con el “bajo a ga” y el riesgo de “pasajero al carbón”. Riegos de gomas vencidas hace tiempo, como ocurrió con la voladora que se “derricó” en Las Américas, con saldo de trece muertos. 

Parecería que poseen licencias virtuales para “comerse” semáforos “a cómo te la lú”, con solo un  afectuoso saludo a la indiferencia del agente de servicio.  Los choferes, de alguna forma organizados,  pueden crear “paradas” de taxis donde mejor les venga en gana, con espacio para sus "necesidades" y algunos hasta con rústicas marcas en el pavimento y letreros que parecen decir: “eto e mío”. 

Bajo el disfraz de padre de familia se organizan carteles de empresarios, en muchos casos con respaldo de funcionarios, militares y hasta religiosos, que con la bandera del chantaje al Gobierno obtienen “bulas” estatales, privilegios y canonjías que les colocan en irritante posición frente al “zoquete”, que  con sus impuestos nutre al Estado que financia esos desafueros.

Así las repetidas “negociaciones” de la gobernabilidad que realizan esos empresarios del transporte de pasajeros y carga, que “usufructúan” rutas que aunque del Estado, defienden sus “puntos” con descarnada y violenta agresividad.

Un cartel en  el sector “carga” obliga a "utilizar" sus servicios, todo porque esos “pobres choferes” son padres de familia organizados. En toda la geografía nacional, cualquiera se instala en cualquier sitio y de cualquier forma, contaminando de forma visual, sonora o física,  con absoluto  desparpajo.

Como muestra el ¿mercado? de la Duarte, que, ya extendido, cruza “el puente seco de la cementera”, que desespera al  intento de cruzarlo en horas tempranas.

Situaciones que ofenden todos los sentidos; vendedores y compradores “negocian” en esos “puestos”,  de espaldas a la salud pública, con una barrera mental que les permite “operar” bajo condiciones solo comparables a la de los buzos que medran entre la basura de los vertederos. Esta resulta una especie de “asistencialismo” del Estado.
César Nicolás Penson es empresario