La enciclopedia define privatización como: “un proceso jurídico-económico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, es decir, traspasadas o tomadas ya sea desde el Estado o la comunidad hacia agentes económicos privados”.

Se confunde con la capitalización de empresas públicas que se puede definir como “un proceso en el cual se vende a inversionistas privados, una parte de la empresa pública”. En el país tenemos experiencias de ambas modalidades con sus luces y sombras y las posteriores deformaciones que han desvirtuado la intención  inicial.

El proceso de expedición de licencias de conducir, el cobro de suministro de agua potable en Santo Domingo, la instalación de “parquímetros” en Santiago, la carretera Sto. Domingo-Samaná y muchos aeropuertos, el cobro de los peajes, por mencionar algunos.

Existe otra modalidad criolla, sin elemento jurídico alguno, sin contratos ni obligaciones, con sentido de merengue y ritmo de bachata, que muestra las características de la personalidad nacional. Es “privatización” también, aunque desregulada, desordenada, caótica y en provecho único de algunos y perjuicio para las mayorías.

Los estacionamientos en las calles se han tornado en “modus vivendi” de creciente número de “especialistas en la seguridad de aparcamientos” en lugares de alta concurrencia diurna o nocturna, con tarifas entre  menores y astronómicas y bajo los lemas de “se lo cuido dótol”, “tamo aquí” o “¡Ta cuidao!...¿se lo lavamo, licenciado?”, que el no acceder implica riesgos diversos.

Las rutas del transporte urbano y entre poblaciones, han sido objeto de la más descarnada “privatización”, con estadísticas de agresiones personales, violencia en masa, mujeres “quemadas” y muertos selectivos y casuales.

Los llamados “sindicatos” de choferes, en realidad gremios de propietarios, se han adueñado de rutas que adquieren astronómicos valores de mercado, en desmedro de los recursos que deberían significar para el Estado. “Abnegados obreros del volante al servicio del ¿pueblo?”.

Las playas, bien común, adquieren características de recursos privados, no solo para hoteleros, sino para los “adjudicatarios”  de espacios para colocar “cheislones” y mesas, “administradores de sombras” que ofrecen además, bebidas, comidas y estacionamiento con “vigilancia”, para cualquier medio de transporte, en gran número de  playas del litoral nacional, desde San Rafael en el sur profundo, hasta el Morro en Montecristi.

Exponente particular es la playa de Andrés, en Boca Chica donde el espacio libre se limita al dejado a los bañistas para caminar,  con el que compite el que se niega a alquilar una mesa con columna de tronco de cocotero y paraguas con publicidad diversa.

Alegan los “manejadores de comodidad pública” que, como pagadores de impuestos municipales tienen “derecho” de usufructo, explotación y defensa del espacio que ocupan sus mesas.
César Nicolás Penson Paulus es empresario
Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla