Define la ley que “los notarios son los oficiales públicos instituidos para recibir los actos a los cuales las partes deban o quieran dar el carácter de autenticidad inherente a los actos de la autoridad pública y para darles fecha cierta, conservarlos en depósito y expedir copias de los mismos.

Tendrán facultad además para legalizar las firmas o las huellas digitales de las partes…”en la forma establecida por el instrumento jurídico que rige su reglamentada práctica. Para el público son abogados investidos de una capacidad especial para certificar que las firmas en algún documento son las genuinas. Al margen de la polémica sobre el término “notarizar” o “notariar”, su administración de fe pública es ampliamente conocida.

El primer documento notarial de la isla y de América lo realizó Rodrigo de Escobedo el 3 de agosto del 1492, quien viajando con Cristóbal Colón dio carácter de “auténtico” al acta en la que “se les requería a los indígenas que le manifestaran si tenían alguna objeción contra la ocupación que hacían de esos territorios en nombre de los reyes de España”, payasada que no había forma de que esos infortunados seres, comprendieran.  La Universidad de la Tercera Edad (UTE), que propicia la idea de realizar investigaciones en las disciplinas que cursan, respaldó un estudio recién concluido por 17 participantes de la carrera de Derecho, sobre la función notarial en la capital dominicana. Aunque realizado en Santo Domingo, sus preocupantes resultados bien pueden extrapolarse a todo el país. Se revela una práctica profesional perniciosa, según arrojan los datos y conclusiones del interesante estudio.

137 entrevistados en el gran Santo Domingo y el Distrito Nacional respondieron preguntas indicativas acerca del desempeño profesional. Un 61%  respondió que celebra actos notariales sin la presencia de los actuantes o sabe que sus colegas lo realizan de esa manera. De estos, el 50% contestó que la frecuencia es de 1 a 5 veces por año, mientras que el 7% admite una ocurrencia de 1 a 10 veces en igual período. 

El 14% dice que el número de ocasiones es de más de dos cifras en ese espacio. Algo parecido ocurre en los “desplazamientos” a los domicilios o lugar indicado en el documento. Un 64% de los encuestados admite que no lo hace y de éstos, un 32% dice que esto ocurre entre 1 y 5 veces en un año, mientras el 24% ubica en rango entre 1 y 10 ocasiones.

El  84% de los encuestados precisa que los actos no son elaborados por ellos, pero estampan sus firmas y colocan sellos. El 78.57% niega la práctica de autentificar actos de personas con nombres ficticios. Sobre el hecho de no tomar en cuenta la fecha cierta del documento, apenas el 10.71% lo reconoce como práctica y con una frecuencia de 1 a 7 actos por año. Concluyen los autores en preocupantes cifras, de un 50.40% de observancia de la ley y la ética en ese importante ejercicio profesional.

César Nicolás Penson Paulus es empresario
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