La estructura del sistema legal dominicano, más allá  de intenciones y enunciados,  lejos de proteger el Derecho de Propiedad, lo hace vulnerable frente a quienes propician y  ejecutan, ocupaciones ilegales., “Decisiones y órdenes” sin fuerza pública,  son “papeles” sin valor práctico.

Dificultades operativas, escollos burocráticos, razones extralegales que paran la aplicación de la ley, aunque haya decisiones y actitudes positivas, señalan resultados.

No es posible ganar una carrera de autos, con la “emergencia” o freno de manos, aplicado. Ver el problema como expresión social frente a la necesidad de un techo, es irresponsable. Estimularlo desde la oposición es perverso; a más del daño a propietarios, enrarece el clima de convivencia pacífica. Es pérdida de norte y objetivo de dirigentes políticos, porque si son poder, se convertirán en “dueños” del problema.

Hacerlo desde el gobierno y su partido, a más de lo precedente, afecta la razón primordial de gobernar para todos, de manera equilibrada. Perturban su propio gobierno, al que ayudaron a conquistar el poder. 

Se trata de la complicidad del que quiere alterar, con los que sacan provecho económico de la necesidad de techo propio. Unir la posición de síndico, presidente de Sala Capitular, regidor, dirigente, guía religioso o simple político en ejercicio, a la de “bandas” ocupantes, produce un inquietante coctel de explosiva situación social, previsible y evitable, de funestas consecuencias si no se enfrenta. ¿Y cuándo los propietarios se organicen, ante la incapacidad del Estado para cumplir con lo que la ley Sustantiva manda? ¿Y si deciden defenderse con la  misma ilegalidad y esquemas, con que son invadidos?

Manifestaciones recientes, aparentemente aisladas pero unidas en propósitos, ilustran lo que es motivo de zozobras, pérdida de valor y perturbaciones, consecuencia de  inseguridad jurídica.

Un folclórico político de la fauna criolla, vaticina que ocurrirán pronto, manifestaciones populares y desórdenes que afectarán la vida armónica a que aspira todo dominicano.

Por otra parte, un grupo de invasores expulsados de una propiedad, reclama la “intervención” del Presidente de la República,  para que evite un “abuso de poder”, porque los terrenos son del Banco de Reservas!!! Uno que “baja líneas” a la militancia a la que no ha podido ofrecer más que fracasos y otros que parecen decir que si la propiedad es de Banreservas, es de quien la ocupe y pueda retenerla.

La repetición de estos casos, podría exceder la capacidad represiva del Estado. Ante la gravedad del vaticinio-amenaza y la frecuencia de este fenómeno, con manifestaciones en todo el territorio nacional, a más de convertir en delito penal la invasión de la propiedad privada, como ha sido en otros países, deben especializarse cuerpos de las entidades del Estado para prevenir, evitar y repeler a quienes han hecho de esto, una perversa y lucrativa actividad. Así cualquiera es empresario inmobiliario o urbanístico. 
César Nicolás Penson Paulus es empresario
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