Adquirir una propiedad inmobiliaria implica mucho más que el esfuerzo económico y asumir  deberes y obligaciones. Con el derecho de propiedad y su parafernalia de títulos, documentos,  impuestos, el usufructo y disfrute, se “logra”, además, la posibilidad de que sea invadida  en nombre de pretextos sociales, impulsados por profesionales de la “ocupación”. 

Con el: “e del etado”, legendarios personajes se dan a la tarea de ocupar, para “vender” porciones de terreno a quienes, desposeídos de vivienda, tienen capacidad para conseguir unos pesos y “comprar” un pedazo. Así nacen barrios completos, se desarticula el ordenamiento y planificación urbana, se vulneran derechos y se propician daños y angustias.

Una coyuntura  política o  funcionarios que sufren de “temor social” o miopía absoluta, potencian atentados contra la propiedad. El Código Civil, en vigencia desde la infancia de la República, define la propiedad privada y su disfrute. La Constitución, en su Artículo 51 refiere:

“El Estado reconoce y garantiza el Derecho de Propiedad”….. Aunque la venta de terrenos ajenos se tipifica como estafa, nuestras leyes no condenan la ocupación ilegal como delito penal.

En Uruguay: “El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare en forma arbitraria, parcial o totalmente el inmueble ajeno, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría". Venezuela tiene algo similar, para  evitar que todo el que tenga una necesidad insatisfecha, “resuelva” por la vía de la imposición, aplicando la ley del más fuerte. En Holanda se ha legislado contra la tolerancia del movimiento OKUPA.

En las últimas semanas en Pedro Brand, provincia de Santo Domingo, ocurren invasiones de peculiares matices. Dicen que un importante edil del Ayuntamiento de ese municipio, otro que  trabaja con Derechos Humanos, un “Pastor” religioso y otros “empresarios” inmobiliarios de la propiedad ajena, propician y estimulan el acoso e invasión de terrenos de  dueños que los detentan desde hace décadas, adquiridos de otros propietarios privados  y deslindados.

El chantaje, conjuga el perverso método,  cuando previamente un emisario ofrece “evitar” la invasión o asegura que la gente salga de los predios, con pago precedente de altas sumas, a manera de “protección”.

En estos casos, tanto el Abogado del Estado como la Policía Nacional, en la persona de su jefe y subalternos de la zona, han actuado con estricto apego a la ley, dando real protección a la propiedad privada y a quienes detentan ese derecho.

La no violencia mayor ni atropellos innecesarios, contrastan con personeros de programas, que sin investigar, condenan y agreden en sus tribunales radiales de moral pública, a autoridades y genuinos propietarios. Desde la Presidencia se suspenden, momentáneamente, los desalojos, “por motivos de las fiestas patrias”, como si las leyes se “desenchuflaran” .

César Nicolás Penson Paulus es empresario
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