La Constitución en su Artículo 248, define la Cámara de Cuentas como: “el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos, y del patrimonio del Estado” y reduce su actual composición de 9 a 5 miembros.

Aunque con nombre, objetos y funciones distintas, desde 1844, se consigna un organismo con funciones de examinar y auditar los fondos nacionales, incluyendo la ejecución del Presupuesto.

La CC ha sido cuestionada en sus funciones, composición, accionar  y resultados.

El 26 de junio del ‘08 los diputados decidieron someter a “juicio político” ante el Senado, a la Cámara de Cuentas de entonces, excediendo quizás sus facultades, dado que la propia Constitución en ese momento establecía que este recurso era aplicable a  “funcionarios públicos elegidos para un período determinado”.  36 años antes, Balaguer había convertido en tribunal al Senado, al someter al mismo proceso a Manolín Jiménez, a la sazón síndico del D.N.

Los análisis definen que el Congreso constituido en tribunal, no tiene el rigor ni la certeza de un proceso judicial y la subjetividad y discrecionalidad se convierten en sus elementos caracterizadores.

Sus miembros, como “magistrados”, emitieron juicios de valor, opiniones,  adelantaron prejuicios y condicionaron la opinión pública.

Uno de los diputados, declaró: “no todos tienen la misma responsabilidad”, pero esto no primó en el proceso, donde se juzgaron en “racimo” sin considerar méritos individuales.  Andrés Terrero, su presidente, tuvo la valentía de denunciar lo que en esa Cámara sucedía y antes de hacerlo público en la Catedral, lo hizo de manera confidencial ante las más connotadas autoridades, sin reacciones apropiadas.

Devolvió una cuantiosa suma de dinero asignada en una sesión del pleno en la que votó en contra, por creerlo improcedente; enfrentó violaciones a los reglamentos internos y a la propia ética, que el grupo apandillado, con mayoría aplastante pretendió aplicar. Enfrentó la ridícula acusación de “falta de liderazgo”, violación no sancionada en código alguno, caricatura que no corresponde al profesional capaz y decidido  que conozco y con quien laboré por años.

Conservó hasta el último momento en su magistral y convincente defensa, la íntima certeza de que su accionar, su honestidad y responsabilidad, serían  suficientes  para separarlo, junto a Juan Adalberto Lora, que de nada perverso ni corrupto, debían arrepentirse.

“Condenado” en un “juicio” más mediático que técnico y contradictorio, donde se soslayaron pruebas de su inocencia, el precio moral al sido brutal. En él, escuché una expresión que define la esencia de lo que sucedía a lo interno de la CC: uno de los más connotados miembros le sentenció a Terrero:

“Presidente, usted tiene que dejar pasar el entierro para que gobierne en la C. de Cuentas”… Corresponde la reivindicación y restauración moral de quien, a pesar de lo injusto, no lograron quemarlo.
César Nicolás Penson Paulus es empresario