En los últimos meses la sociedad dominicana está enfrascada en tres temas de vital importancia. El primero es la grave situación a que hemos llegado en nuestras relaciones con Haití, cuya única explicación es la existencia de una irresponsabilidad compartida por todos los estamentos de nuestra sociedad.

A la cabeza se encuentra el Gobierno, el cual ha seguido una política de absoluta tolerancia a la inmigración de ciudadanos haitianos indocumentados.

También tienen parte en esta responsabilidad, nuestras Fuerzas Armadas, las cuales han permitido que algunos de sus miembros se presten a negociar con esta inmigración, en contraposición al sagrado deber que tienen de preservar la soberanía nacional. Pero también se encuentra la clase política, que no quiere perder el voto de los haitianos documentados.

Asimismo no es menor la responsabilidad de la clase empresarial, la cual con una visión de muy corto plazo ha preferido hacer uso masivo de la mano de obra barata haitiana, sin detenerse a pensar en las repercusiones futuras.

Tenemos además a los intelectuales liberales del país, los que han mantenido un silencio cómplice, para evitar ser señalados como racistas o anti haitianos, cuando no es de esto que se trata. De igual manera ha sido cómplice la importante clase media, por el desinterés que ha mostrado.

Los resultados de esta irresponsabilidad compartida nos han tomado desprovisto de una ponderada y coherente política hacía nuestros vecinos. Ojalá no sea tarde.

El segundo tema que ha movilizado recientemente a nuestra población es el de la educación, donde los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos no le han dado la importancia vital que ésta tiene para nuestro desarrollo económico futuro, para una justa distribución del ingreso, para reducir la desigualdad social que caracteriza nuestra sociedad y en sentido general, para mejorar la calidad de vida de la mayoría de nuestra población.

Quizás el próximo gobierno (ya al actual se le hizo tarde) se decida a cumplir con la obligación legal que tiene de destinar a la educación por lo menos el 4% del PBI que corresponde legalmente, lo cual, en una primera etapa, podría hacerlo reorientando las obras públicas para concentrarlas en la edificación de nuevos planteles escolares, reparación de los existentes, dotarlos de las instalaciones sanitarias indispensables, etc., con lo cual podría neutralizar los otros requerimientos de obras públicas que hacen nuestras comunidades.

El tercer tema de vibrante actualidad es el relativo al fortalecimiento de la institucionalidad, lo cual el Gobierno ha pretendido llevar a cabo exclusivamente promulgando nuevas leyes y una nueva Constitución, cuando lo que se debería realmente hacer es cumplir las existentes y luego tratar de perfeccionarlas.

De ahí que una de las mayores frustración que tenemos los dominicanos, es nuestra impotencia en lograr que se cumplan las leyes y tengamos así, un verdadero estado de derecho en nuestro país.

Los ejemplos sobran. 
Carlos Despradel es economista