Recientemente sostuve dos reuniones informales con distintos grupos de amigos. En ambas, el tema obligado fue la gran preocupación que tenemos por la presencia masiva y creciente de ilegales haitianos en todo el territorio nacional.

En esas reuniones nos preguntábamos qué está haciendo el Gobierno al respecto y concluíamos que ninguno de nosotros tenía conocimiento de la existencia de un plan estratégico, lo que equivale a decir que se está haciendo muy poco para enfrentar el que sin dudas constituye el principal problema que enfrenta nuestro país.

En efecto, si bien estamos todos preocupados por el creciente endeudamiento externo, el auge de la delincuencia, el deterioro de los valores morales y otros de vital importancia, ninguno de ellos representa un peligro más grande para la nación dominicana que la masiva emigración de ciudadanos haitianos a nuestro territorio.

Todos coincidimos que nuestro presidente adoptó una política correcta frente a la desgracia que afectó a nuestro vecino en el mes de enero, pues en esos momentos era imperativo que nuestro pueblo mostrara solidaridad con la desgracia de esa nación.

Asimismo, es correcto que  la República Dominicana mantenga vivo en los foros internacionales el tema de la ayuda que las naciones poderosas se comprometieron ofrecer al pueblo haitiano a raíz del terremoto, pues además de ser una necesaria muestra de respaldo, de no recibirse oportunamente esa masiva ayuda, el futuro de Haití sería aún más incierto, con todas las consecuencias negativas que esto implicaría para nuestro país.

Sin embargo, todos estuvimos en desacuerdo con que la República Dominicana se comprometa, más allá de sus posibilidades con la reconstrucción de Haití, pues corremos el inmenso riesgo de que la comunidad internacional descanse toda esa responsabilidad sobre nuestros hombros, carga que resultaría imposible de soportar dados los múltiples compromisos internos que como sociedad tenemos que atender prioritariamente.

Si la masiva emigración haitiana es nuestro principal problema, consideramos que es un deber del Gobierno indicarnos a todos los dominicanos cuáles son los planes que tiene al respecto, lo cual debe ser exigido por la población. Pero también, debemos ofrecerle todo la ayuda y el apoyo que requiera en tan delicada e importante tarea.

Todos debemos entender que la República Dominicana no puede seguir asumiendo una actitud pasiva frente a tan grave problema y la población no puede tampoco pretender que sea el Gobierno el que tome todas las iniciativas.

Este es un problema de todos, y a todos nos corresponde aportar nuestras ideas en la búsqueda de una solución, que a la vez que se corresponda con una posición humanitaria, también sea firme y consistente, pues es mucho lo que está en juego para el futuro de nuestra Nación.

Carlos Despradel es economista