El Gobierno ha gastado desenfrenadamente y ahora no le cuadran las cuentas.

En consecuencia, le resulta difícil ajustar el déficit fiscal y así poder continuar con el acuerdo con el FMI, el cual es imprescindible.

Para que se tenga una idea de cuán desproporcionado fue el aumento del gasto, bastaría señalar que en el período enero-mayo de este año las inversiones por cuenta propia del Gobierno llegaron a unos 26,500 millones de pesos, es decir, seis veces y media superiores a los 4,150 millones invertidos en el mismo período del año pasado.

Para compensar estos exorbitantes gastos,  el Gobierno ahora alega que el descuadre presupuestal se debe a que el subsidio que había que entregar a la CDEEE para este año, fue subestimado en el acuerdo con el FMI y que ya fueron gastados todos los fondos que se tenía previsto para el año completo, por lo que hay necesidad de buscar unos 12,000 millones de pesos adicionales para poder cubrir el faltante.

Pero como el Gobierno había prometido que no subiría los impuestos después de las elecciones, se han inventado que los 12,000 millones pueden obtenerse aumentado el precio de los combustibles y eliminando una serie de facilidades que se habían otorgado a sectores productivos para que pudieran competir en el mercado doméstico y en el internacional, es decir, modificando la Ley de Hidrocarburos y la de Pro-Industria.

Esta iniciativa puede tener graves repercusiones para el Gobierno y el país en general. En primer lugar, la misma descalificaría al Gobierno para cualquier intento de buscar un nuevo modelo económico que se fundamente en el aumento de la producción, pues las pocas conquistas logradas por los industriales para poder competir, se quieren eliminar para no tener que sacrificar el abultado gasto público.

Asimismo, si el Gobierno decide seguir con el mismo ritmo de gasto, continuará calentando la economía más allá de lo prudente, ya que en los primeros meses del año las importaciones llevan un ritmo de crecimiento del 30% mientras que los sectores generadores de divisas, incluyendo las inversiones extranjeras, prácticamente no han crecido.

Por lo tanto, si el Gobierno no controla sus gastos, el Banco Central se verá en la necesidad de aplicar una política monetaria restrictiva para poder frenar las importaciones y así poder mantener la estabilidad económica.

Esto se traduciría en tasas de interés más altas, controles al crédito bancario y otras medidas que vendrían a ser la segunda gran estocada a los sectores productivos.

Hasta ahora la estabilidad económica ha sido el gran logro del Gobierno. Si por querer mantener el actual ritmo de inversiones se atenta contra la estabilidad lograda, el Gobierno estaría perdiendo su gran activo político y de paso el apoyo de los sectores productivos.
Carlos Despradel es economista