En las últimas negociaciones, el Gobierno convenció al FMI de que era conveniente expandir el gasto público durante el primer semestre de este año y posponer para el segundo los ajustes que requiere la economía. La misión del FMI aceptó la sugerencia porque para ese entonces coincidía con la política trazada por las grandes potencias que controlan esa institución.

Obviamente esto también le convenía al Gobierno, pues era beneficioso que las elecciones se llevaran a cabo en un clima económico favorable. Así, con el uso masivo de préstamos externos, el Gobierno pudo expandir significativamente el gasto público, con lo que logró reactivar las actividades económicas.

Bastaría con señalar que en los primeros cuatro meses del año, las inversiones públicas directas fueron cinco veces mayores a las del año pasado. Los efectos electorales de dicha política han sido evidentes.

Concluido el proceso electoral, corresponde ahora ver quién pagará la cena, pues en economía no hay nada gratis.

Aunque el Gobierno ha aumentado este año los ingresos fiscales significativamente, argumenta que necesita incrementarlos aún más para poder mantener sus abultados gastos, incluyendo algunos subsidios que se han llegado a convertir en instrumentos políticos.

Pero también sabe que no hay condiciones políticas para aumentar los impuestos directos. Por esta razón algunos funcionarios han llegado a pensar que lo que más les conviene es eliminar una serie de facilidades fiscales, las cuales se conceden actualmente a determinadas ramas productivas del país.

Pero el problema es que esas facilidades fiscales fueron concedidas para que los sectores productivos del país pudieran competir, tanto en los mercados internacionales como en nuestro propio mercado.

Las dos principales razones de nuestra incapacidad competitiva  son el altísimo costo de la energía que suministra la red pública y las numerosas cargas fiscales a que están sometidas las empresas.

Por estas razones, luego de un largo proceso de consulta y negociaciones, se logró en el año 2000 la aprobación de una ley que exonera del pago de impuestos de importación al combustible utilizado por los generadores de grandes empresas productivas.

Asimismo, con posterioridad  se aprobó la muy esperada Ley de Pro-industria, que otorga algunas facilidades fiscales a las empresas para ponerlas en condiciones de competir internacionalmente.

Si las autoridades persisten en eliminar estas facilidades fiscales, estarían enviando un claro mensaje a los sectores productivos, en el sentido de que el Gobierno prefiere seguir incurriendo en cuantiosos gastos totalmente injustificables, aunque esto sea a expensa de reducir la capacidad competitiva de nuestros sectores productivos.

Con este tipo de iniciativas, nunca podremos llegar a un consenso para que nuestro país pueda aplicar un modelo económico que garantice el desarrollo nacional.

Carlos Despradel
es economista